A pesar de la instalación oficial de la mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, el 16 de octubre de 2023, los hechos de violencia en el país no cesan.
La Defensoría del Pueblo emitió una nueva Alerta Temprana de Inminencia (AIT), en la que identificó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), estarían tercerizando sus operaciones en el departamento de Cesar.
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La entidad defensora de derechos humanos confirmó que estas acciones se estarían llevando con grupos delictivos en Pelaya y La Gloria, lo que tiene en “inminente riesgo a las comunidades” de los dos municipios.
El propósito de expandir su actuar delictivo, señaló la Defensoría, sería consolidar su dominio del territorio.
“Tercerizar las acciones con grupos delincuenciales degrada aún más el conflicto armado y pone en evidencia el nivel al que pueden llegar los grupos armados no legales para mantener, recuperar o buscar el control de los territorios y las economías ilegales”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La Alerta 035 del 2023, que lanzó el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, advierte que el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo, han puesto en movimiento sus fichas en el territorio para contener a sus adversarios armados y darles continuidad a sus estrategias de dominio territorial.
Estas acciones generar más violencia, homicidios selectivos, algunos relacionados con el exterminio social y cobros ilegales.
A ello se suma la apuesta de esos grupos armados por llenar los corredores de movilidad y realizar control social para ampliar sus fuentes de financiación y hacer cobros extorsivos, tal como ha venido ocurriendo con las guerrillas que buscan mantener su hegemonía en las regiones.
Por último, otra situación que evidenció la Defensoría del Pueblo es la problemática derivada de la apropiación de predios urbanos y rurales en los municipios de la Pelaya y La Gloria, que han hecho varias personas y de la cual se aprovechan por los grupos armados para respaldar esas usurpaciones para ganar apoyo en las comunidades.
“Ante los riesgos de vulneración de derechos, desde la Defensoría del Pueblo emitimos 15 recomendaciones para que tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos territoriales actúen de inmediato y así eviten el incremento de la violencia, que está afectando a la población civil”, puntualizó el defensor del Pueblo.
El Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las Farc firmaron un decreto de cese al fuego por tres meses, que irá desde el 17 de octubre de 2023 hasta el 15 de enero de 2024, con posibilidad de prórroga.
El cese al fuego bilateral contempla lo siguiente: “Se ordena la suspensión de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de la Policía Nacional en contra de los integrantes del Estado Mayor Central de las Farc-EP”, dice el decreto.
El documento también advierte que “no se suspenderá ninguna de las acciones que desarrolla la Fuerza Pública en contra de las economías ilegales”, por lo que las Fuerzas Militares deberán seguir combatiendo los delitos de alto impacto en las diferentes regiones del territorio nacional.
Dentro de los compromisos pactados en el acuerdo se destacan: el respeto por el derecho internacional humanitario (DHI), garantizar la vida e integridad física de la población civil y no intervenir de manera violenta en las elecciones regionales del 29 de octubre.
Este acuerdo tendrá seguimiento a cargo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias.
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