El 11 de octubre, luego de que un fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó el 30 de septiembre a nueve uniformados de la Policía por la retención ilegal, tortura y homicidio de Janiner Ruiz Algueta y Jorge Juan Gil, un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los uniformados que fueron enviados a la cárcel son el capital Luis Alberto Regino Garnautt, el capitán Rafael Reinaldo Peña Carranza, el intendente Alexander Manuel Díaz Nader, los partulleros William Enrique Rodríguez Socarrás, Tomás Castro Vital, José Alberto Gómez Coronado, Luis Min Benítez González, Guillermo Javier Muñoz Amaya y Yimer Andrés Cruz Zúñiga.
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Los hechos
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los nueve uniformados desplegaron varias actuaciones irregulares previas al crimen, que comenzó el 29 de junio de 2022, luego de que se reportó un atentado en contra de un policía en Betulia (Sucre). Ese día, cuatro de los procesados, sin orden judicial, habrían vigilado irregularmente la residencia de una de las víctimas, a las que también les interceptaron ilícitamente sus comunicaciones para conocer sus movimientos.
Al día siguiente, el 30 de junio, ocho de los uniformados, que entonces pertenecían al Gaula, se trasladaron a la terminal de transportes de Sincelejo, se comunicaron con unidades de tránsito para que pararan el bus en el que se trasladaban Janiner Ruiz Algueta y Jorge Juan Gil y la pareja de uno de los dos. En el peaje La Esperanza, entre Sincelejo y San Onofre, el vehículo fue detenido y los uniformados obligaron a bajar a la mujer arguyendo que había inconsistencias en sus documentos.
El bus continuó con su recorrido y más adelante, según advierten desde la Fiscalía, en una estación de servicio en San Onofre, Janiner Ruiz Algueta y Jorge Juan Gil se bajan y allí, aparentemente, fueron retenidas por los uniformados y trasladados, en carros oficiales, uno de estos con placas falsas, hacia Lorica. En el camino, se presume que fueron “amarradas, golpeadas y atacadas con armas de fuego hasta causarles la muerte”.
En la audiencia de imputación de cargos, el fiscal advirtió que los uniformados alteraron las placas del vehículo en el que trasladaron a los dos hombres y que intentaron esconder los pueblos en un basurero, así como alterar pruebas: “Buscan un lugar de esa naturaleza para dejar a los dos cuerpos que venían realizando seguimientos irregulares con la finalidad de asesinarlos”.
Los delitos que les imputaron fueron los siguientes: homicidio agravado, secuestro, tortura agravada, violación ilícita de comunicaciones, peculado por uso y ocultamiento, alteración de elementos materiales probatorios al capital Regino Garnautt, que era jefe del Gaula Sucre; estos mismos delitos y el de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, al capital Peña Carranza entonces subjefe del Gaula Sucre.
Al intendente Díaz Nader y al patrullero Rodríguez Socarrás se les imputaron los delitos de homicidio agravado y secuestro; a los patrulleros Castro Vital y Gómez Coronado, los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada y; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios; al patrullero Benítez González, el delito de homicidio agravado; al patrullero Muñoz Amaya, los delitos de homicidio agravado, secuestro, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, violación ilícita de comunicaciones y fraude procesal.
Al patrullero Cruz Zúñiga le fueron imputados los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada, peculado por uso; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
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