Una demanda radicada por 16 colectivos en contra de la alcaldesa Claudia López y al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, llegará el miércoles 11 de octubre al búnker de la Fiscalía General de la Nación por prevaricato por acción.
“Las Veedurías de Cundinamarca y organizaciones civiles que habitamos el territorio bogotano y cundinamarqués, DENUNCIAMOS PENALMENTE al señor NICOLÁS GARCÍA BURGOS, en calidad de Gobernador de Cundinamarca y a la señora CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ en calidad de alcaldesa de la ciudad de Bogotá, por presuntamente incurrir en los injustos consagrados en el CÓDIGO PENAL Artículo 413, Prevaricato por acción”, se lee en el comunicado de prensa.
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La demanda está relacionada con un supuesto cobro ilegal que se ha venido realizando en el impuesto que los ciudadanos deben pagar para transitar con sus vehículos por las calles de Bogotá y del departamento.
Según se conoció en un comunicado que compartieron los 16 colectivos entre los que se encuentran la Veeduría Ambiental Reserva del Rincón del Oso-Subachoque, el Cabildo Indígena Muisca de Tocancipá, entre otros, desde el primero de enero de 2023 en el valor del impuesto de vehículos, que se cobra año tras año, se incluyó una tasa adicional del 0.2% sobre el valor total del automotor.
De acuerdo con los argumentos de la demanda, el valor total que han pagado los contribuyentes puede ascender hasta los 10.000 millones de pesos, el inconveniente, según se lee en el documento, es que el aumento no fue declarado como lo exige la Ley 2199 de 2022.
Pero esa no es la única razón por la que los colectivos dejaron ver su descontento con las acciones realizadas desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues aseguraron que también realizarán un cabildo abierto en contra de la Región Metropolitana la cual, según se lee en el documento, se impuso en pandemia y en sesiones virtuales.
Esta decisión se habría tomado sin que las comunidades participaran, por lo que, según el documento, los procesos en el Concejo de Bogotá y en la Asamblea de Cundinamarca se llevaron a cabo de una manera acelerada y culminadas precipitadamente en 2022.
El problema está en que se debe elegir a un director regional, el cual, supuestamente, manejará un presupuesto superior a los 70.000 millones de pesos, y será designado por el gobernador y la alcaldesa antes de que termine la vigencia de sus periodos en el cargo, pues son las únicas personas con derecho a voto en el Consejo Regional.
Según el comunicado, estas decisiones llevarán a que se generen más impuestos, peajes y doble pago de valorización, por lo que aseguraron que realizarán una movilización para evitar el deterioro de la calidad de vida en la capital del país y Cundinamarca.
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