En el corazón del departamento de Guainía, el municipio de Barrancominas se encuentra en el ojo de la tormenta debido a un costoso proyecto de construcción de sanitarios públicos que ha dejado perplejos a los habitantes locales y a las autoridades.
Se ha dado a conocer que se destinaron enormes sumas de dinero, que ascienden hasta los 4.600 millones de pesos, para la edificación y montaje de 70 sanitarios públicos en la zona rural de Barrancominas. Estos gastos inusuales han generado inquietud y han levantado sospechas de irregularidades en la gestión de fondos públicos.
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Expertos en la materia afirman que el costo máximo estimado para una unidad sanitaria similar debería rondar los 17 millones de pesos, lo que plantea serias preguntas sobre la justificación de los gastos en este proyecto. De acuerdo con Ramiro González, un arquitecto con experiencia en construcción urbana, una unidad sanitaria con una estructura metálica sencilla no debería sobrepasar los 12 millones de pesos.
Incluso, si se incluyen todos los sistemas y características mencionados en este proyecto, el costo no debería superar los 16 millones de pesos. González también señala que los cubículos construidos con material “eterboard” no deberían costar más de un millón de pesos cada uno.
El escándalo salió a la luz gracias a una denuncia presentada a través de los micrófonos de W Radio. Según este medio, la Alcaldía de Barrancominas habría firmado contratos por un valor total de 4.600 millones de pesos para llevar a cabo la construcción de estos sanitarios públicos en la zona rural.
La controversia ha escalado rápidamente, y el 24 de septiembre las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, se reunieron para analizar esta denuncia ciudadana. Eliver Moreno, presidente de la Comisión Regional de Moralización, ha declarado que existe una sospecha de celebración de contratos inapropiados y de posibles sobrecostos en un contrato que implica una suma significativa de dinero destinada a la construcción de estas instalaciones.
Carlos Alfredy Pulido, el contratista encargado del proyecto, ha defendido los precios estipulados en el contrato, con el argumento que no se realizaron modificaciones posteriores. Sin embargo, mencionó que los precios se vieron afectados por el aumento en los costos de transporte fluvial, lo que justificaría los gastos adicionales.
En medio de esta creciente controversia, las autoridades han solicitado toda la documentación relacionada con el proceso contractual, con el objetivo de llevar a cabo una revisión exhaustiva y tomar medidas adecuadas, mientras la comunidad de Barrancominas espera respuestas claras.
Entre tanto, otro presunto caso de corrupción tiene que ver con la denuncia de posible riesgo de cohecho por parte del Presidente Gustavo Petro en las próximas Elecciones Regionales, según un senador del Centro Democrático.
El senador Miguel Uribe Turbay denunció que el Gobierno de Gustavo Petro, presuntamente, planea direccionar millonarios recursos en el último trimestre de 2023, con el objetivo de intervenir en las elecciones territoriales del 29 de octubre, según se pudo ver en un video que público en su cuenta oficial de X.
Uribe Turbay señaló que esto aumentaría el riesgo de corrupción y despilfarro debido a la baja ejecución presupuestal del Gobierno durante el año. Además, afirmó que el Gobierno podría estar distribuyendo dinero a comunidades indígenas y grupos ciudadanos para respaldar su proyecto político y las reformas sociales “impopulares” desde su partido político.
El senador también criticó al Gobierno por su fracaso en la administración de programas sociales y lo calificó como ineficaz en la ejecución de proyectos para la inclusión social y el apoyo a jóvenes y víctimas de reclutamiento y abuso sexual.
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