La seguridad de las personas con riesgo de ser víctimas de atentados en Colombia se ha convertido en un problema en el país. La asignación de esquemas de protección presenta amplias desigualdades en su distribución, baja cobertura y mal arreglo institucional.
La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad realizó un estudio sobre el sistema de protección del país y halló varias deficiencias en sector. Entre ellas la diferencia que existe entre el costo y la calidad de las medidas otorgadas a congresistas y líderes sociales o comunidades afro e indígenas.
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De acuerdo con el informe, la protección de un congresista cuesta en promedio $374 millones anuales, como arrojó la cifra entre el periodo de 2021 y 2022. En cambio, los esquemas de protección otorgados a defensores o líderes sociales cuestan $124 millones por año y, en el caso de comunidades indígenas o afrocolombianas que cuentan con medidas colectivas, $103 millones.
“Menos del 30% para una medida colectiva gasta el Estado (para proteger a una población que está en mayor zozobra) que a un congresista. Hay congresistas que sí tienen un nivel riesgo alto, pero hay congresistas que no lo tienen”, señaló el contralor delegado para el Sector Defensa y Seguridad, Luis Eduardo Parra.
La razón de la diferencia, de acuerdo con la Contraloría, radica en que los altos funcionarios del Estado tienen medidas completas (o duras) que incluyen carros blindados y escoltas. En cambio, los defensores, líderes sociales y comunidades étnicas tienen que recibir una evaluación de riesgo que en su mayoría les otorga medidas blandas, como equipos de comunicación o chalecos antibalas.
Sin embargo, las comunidades étnicas son los grupos poblacionales con mayor número de beneficiarios de medidas de protección del total de 8.014 totales; de estas, 1.591 son personas pertenecientes a la población indígena y afrocolombiana. Los defensores de derechos humanos y líderes sociales protegidos suman 1.220, mientras que los desmovilizados reintegrados a la vida civil son 473 con esquemas de protección.
En cuanto a los políticos, son 324 alcaldes y 298 senadores y representantes a la Cámara, que es la totalidad de los miembros del Congreso de la República. Sin embargo, la cobertura de las medidas de protección no es igual para todas las poblaciones en riesgo.
La Contraloría concluyó que entre 2019 y 2022 hubo 114.703 solicitudes presentadas por personas y comunidades en la Unidad Nacional de Protección, de las cuales únicamente 39.299 fueron objeto de evaluación y 10.459 se aprobaron con la asignación de medidas. Es decir que solo el 9,1% de las peticiones terminan en brindar seguridad a los solicitantes.
La UNP invirtió 1,9 billones de pesos entre 2021 y 2022 en las medidas de protección vigentes, que representa un 63,5% del presupuesto ejecutado por la entidad en el mismo periodo. Los gastos se dividen en pago de escoltas que equivale a 1,08 billones, alquiler de vehículos $644.653 millones y transporte o reubicación de protegidos por 29.258 millones.
La Contraloría también señaló que los grupos con mayor riesgo, en niveles extraordinario y extremo, de ser víctimas de atentados contra su vida se encuentran los testigos de violaciones a los derechos humanos, antiguos miembros de la Unión Patriótica, desmovilizados en proceso de reintegración y profesionales que trabajan en procesos judiciales relacionados con violaciones de derechos humanos.
El ente de control señaló que una de las razones por las que las medidas no son otorgadas o se demoran sus procesos, es porque no existe una coordinación clara entre las instituciones que intervienen en la política de protección. Por ejemplo, en algunos casos los solicitantes no demuestran su pertenencia a los grupos que pueden recibir esquemas o no lo hacen ante la entidad correspondiente.
Así mismo alertó que no hay claridad en la información de la UNP, hay informes separados, e incluso se identificaron 2.360 actos administrativos de implementación de medidas de protección entre 2019 y 2022 que no tienen evaluación del riesgo.
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