Así funcionaría la “república independente” de las disidencias de las Farc en Antioquia

En un informe conocido por la revista Semana, en el que se reveló que las disidencias de las Farc presuntamente habrían fundado una ‘república independiente’ en Antioquia, en el que pretenden conquistar más zonas en el territorio nacional. Allí la organización pretende imponen un nuevo orden, administrar justicia, reemplazar las tareas de la fuerza pública, y reunir impuestos para sostener sus actividades criminales.

De acuerdo con información de las autoridades, quien está a cargo de la operación sería alias Firu, líder principal del frente 36 y se encuentra en la vicepresidencia alias Primo Gay.

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Por medio de interceptaciones telefónicas y datos suministrados, se conoció que los delincuentes estarían presentes en los municipios de Campamento, Briceño, Guadalupe, Angostura, Anorí, Yarumal e Ituango. Además, estarían llevando a cabo una posible extensión hacia Tarazá, Cáceres, Amalfi y Valdivia, donde se han tropezado con el clan del Golfo, lo que ha causado violentos enfrentamientos.

Dentro de los documentos, se evidenció que el ingreso de los ciudadanos a la banda criminal era perfilar a las personas de la región para tener un control sobre sus movimientos. De esta manera, toda persona que quisiera entrar o salir al territorio, debía contar con un carné, en el que mostraba su nombre, número de identidad y vereda a la que pertenece:

“Certifica que (…) es socio activo de esta organización”, se lee en uno de los documentos.

Una vez crearon la comunidad, establecieron un manual de convivencia con el que administran la norma. En el documento se someten los chismosos, ladrones, borrachos, violadores, groseros y corruptos. En un principio, se les cobra una multa que supera el millón de pesos; en caso de reincidencia la cifra podría multiplicarse o llegaría a sentenciarse a la pena de muerte.

Por otra parte, la comunidad controla el horario en el que los habitantes pueden circular y permanecer en el espacio público. Es así como se determina los servicios a los que pueden acceder y por esta razón afectan la infraestructura privada cuando las compañías se niegan a pagar las extorsiones.

Y es que este es su principal fuente de ingresos junto a las ganancias del narcotráfico.

Respecto a la intervención por parte de la fuerza pública, la población civil habría frenado estos operativos, pues mencionaba supuestos “falsos positivos judiciales”. Lo anterior fue denunciado por el Ejército Nacional y ahora están siendo investigados por las respectivas autoridades judiciales.

En cuanto al modus operandi de la organización consistiría en rodear a los uniformados con personas de todas las edades y retenerlos por un par de horas, al parecer, con la excusa de darles ventaja a los delincuentes. Según las pruebas, se llevaría a cabo a través de las juntas de acción comunal, sin embargo, estas organizaciones rechazan los señalamientos.

De acuerdo con los operativos que han tenido éxito, se ha podido evidenciar sus acciones ilegales para multiplicar sus capacidades en la selva. La que más preocupa es el reclutamiento forzado de menores, pues sacan de las aulas de clase a los menores a que carguen un arma de fuego, como el fusil. Las unidades han recuperado, en medio de los intensos combates, a adolescentes entre 13 y 15 años.

En las conversaciones interceptadas, el factor que más inquieta a las autoridades es la avanzada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), porque a diferencia del territorio nacional, las disidencias tendrían acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para terminar con los hombres que comandó alias Otoniel.