Defensoría del Pueblo y JEP firmaron un convenio por los derechos de las víctimas del conflicto armado: ¿de qué se trata?

El proceso de reconocimiento de las vícitmas del conflicto armado en Colombia, que se compone de su participación para esclarecer los hechos de violencia y del conocimeinto de las afectaciones que sufrieron como consecuencia de estos para garantizar su efectiva reparación, es importante para avanzar en la construcción de paz que necesita el pais.

Un nuevo convenio firmado por la Defensoría del Pueblo y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pretende abrir la posibilidad de que las víctimas que quieren tener acceso a ese alto tribunal de justicia transicional, lo puedan hacer sin reparos.

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De acuerdo con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, el acuerdo busca facilitar los mecanismos para la participación de las víctimas ante la JEP:

“La firma de este acuerdo nos permitirá realizar jornadas de promoción y divulgación de los derechos de las víctimas; también, sobre los mecanismos y procedimientos de participación ante tan importante tribunal como lo es la JEP, componente de justicia que forma parte del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición”, aseguró el funcionario.

El convenio, así mismo, impulsará el desarrollo de jornadas que tienen como objetivo fortalecer el alcance restaurativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, proyecto que estará acompañado por las 42 Regionales de la Defensoría del Pueblo.

“Estableceremos un canal para los requerimientos de información de la JEP que no necesariamente tengan relación directa con nuestro Sistema de Alertas Tempranas. Además, entraremos a fortalecer los conocimientos tanto de los equipos de Defensoría Pública como de los abogados de víctimas, relacionados con los derechos de las mismas víctimas”, señaló Camargo Assis.

Dentro de lo acordado también está difundir e implementar el Sistema de Coordinación de la Participación Colectiva y Representación Común de las Víctimas, así como intercambiar información sobre las Alertas Tempranas y sus informes de seguimiento emitidos por la Defensoría del Pueblo para que las dos entidades, en conjunto, identifiquen escenarios de riesgo y la valoración de la respuesta del Estado, para garantizar el desarrollo de acciones eficaces en los territorios.

“Es de gran relevancia para nosotros continuar con el trabajo conjunto, el cual veníamos realizando a partir de un acuerdo de mutuo entendimiento que habíamos ejecutado durante tres años, pero ya había vencido”, dijo el defensor del Pueblo.

De acuerdo con cifras oficiales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), en Colombia hay un registro histórico de cerca de 9.556.000 víctimas, de las cuales son sujetos de atención y reparación alrededor de 7.536.000.

De la totalidad de víctimas registradas, un poco más de 1.200.000 son negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras,. El 52,84% son mujeres y el 47,08% son hombres. Por su parte, el 0,08% tienen diversas orientaciones sexuales o de identidad de género, según el boletín número 6 de la Unidad de Víctimas “Datos para La Paz”.

“Vemos cómo muchas de las personas que han sido afectadas por el conflicto armado en el país aún están invisibilizadas, sus voces no ha sido tenidas en cuenta, aún no han tenido acceso al mecanismo de justicia transicional, sus reparaciones están en deuda, lo cual nos conduce a trabajar por ellas, por la garantía de sus derechos; es parte de nuestro rol misional como institución nacional garante de los derechos humanos”, concluyó Carlos Camargo Assis.

Según el último boletín emitido por la Unidad de Víctimas, el desplazamiento forzado es el hecho violento que más víctimas dentro del conflicto ha dejado. Colombia registra 1.210.325 personas de distintas etnias que han sufrido el desplazamiento forzado, es decir que casi todas las víctimas afros, negras, raizales y palenqueras que aparecen en el Registro Único de Víctimas.