Fiscalía busca frenar el hacinamiento en las cárceles: así pretende reducir las detenciones que eran por ‘cuotas’ premiadas

La Fiscalía General de la Nación presentó ante la Corte Constitucional un paquete de medidas institucionales para contener la sobreocupación en salas de detención transitoria y cárceles del país, durante una audiencia pública convocada por el alto tribunal para hacer seguimiento a la crisis penitenciaria nacional.

El fiscal General de la Nación encargado, Gilberto Javier Guerrero Díaz, explicó ante los magistrados que la transformación inicial consistió en modificar el indicador de gestión con el cual la entidad evaluaba el rendimiento de los fiscales delegados en todo el territorio colombiano, desmontando un esquema que premiaba la privación de la libertad sobre cualquier otra salida procesal.

Al justificar este giro en la política penal, Guerrero Díaz expuso que la entidad detectó distorsiones operativas originadas en la administración anterior: “Aparte de esta descongestión, la Fiscalía ha implementado otras estrategias institucionales enfocadas en impactar este tema de la congestión carcelaria, y empieza, por ejemplo, por cambiar el indicador de gestión que encontramos cuando llegamos a la entidad”.

El funcionario detalló la forma en que esa calificación laboral incidía directamente en el hacinamiento: “A un fiscal se lo calificaba por el número de detenciones o de imputaciones que hacía, lo que obviamente impacta el número de personas a las que se les solicita una medida privativa de la libertad”.

Con el nuevo modelo de gestión, el ente acusador ordenó reservar el encarcelamiento físico exclusivamente para situaciones indispensables, priorizando salidas concertadas.

“También se ha promovido el uso excepcional de la privación de la libertad y fortalecimiento, más la alternatividad penal, fomentando la terminación anticipada del proceso con el objeto de disminuir el ingreso de estas personas al sistema y agilizar la definición de su situación jurídica”, señaló durante la audiencia.

Para evitar que los funcionarios acudan a los juzgados de control de garantías a solicitar reclusiones automáticas, la institución diseñó módulos obligatorios en sus escuelas judiciales: “Incluso se ha incorporado en los cursos de formación de fiscales y de altos estudios planes para capacitar a los fiscales en el manejo de audiencias preliminares y medidas de aseguramiento, referidas incluso al tema de evitar la solicitud de medidas de aseguramiento innecesarias”.

Guerrero advirtió además sobre las consecuencias financieras que estas detenciones sin sustento acarrean para el patrimonio público: “Esto representa un problema grave para la entidad en cuanto a todas las demandas que por daño antijurídico tenemos nosotros pendientes por atender”.

“En realidad, figuras como el principio de oportunidad han ido creciendo. Por ejemplo, empezamos en 2024 con 13.000 principios de oportunidad, en 2025 suscribimos 18.000 y en 2026 van más de 13.800 sin que cierre el año”, señaló el fiscal General (e) en materia de resultados numéricos.

Principio de oportunidad y detenciones domiciliarias: las alternativas para reducir el hacinamiento

El fiscal encargado agregó que esta estrategia procesal vino acompañada por otras opciones de vigilancia legal que evitan el encierro carcelario: “Igualmente, se ha incrementado la solicitud de detenciones domiciliarias y las detenciones no privativas de la libertad, evitando así el tema de la congestión carcelaria”.

“Estas cifras evidencian el uso de medidas menos restrictivas cuando resultan procedentes, lo que contribuye a reducir el ingreso al sistema carcelario. Teníamos, por ejemplo, que las solicitudes de medidas de aseguramiento intramural en el año 2024 fueron de 45.352 y pasaron a 39.708 en 2025. En 2026, estas medidas van en disminución porque vamos en 26.631”, explicó durante su intervención.

Respecto a las celdas de paso administradas por el CTI, Guerrero aseguró que la entidad mantiene niveles controlados: “Debido a las gestiones que se han adelantado hace mucho tiempo por parte de las diferentes dependencias de la Fiscalía General de la Nación, y en especial de la dirección del Cuerpo Técnico de Investigación para lograr la descongestión en esta ocupación de celdas, tenemos que desde mayo de 2026 ninguno de estos espacios supera la capacidad real y va en disminución”.

“En enero teníamos el 32% y en septiembre estamos en el 26% de ocupación”, reveló el alto funcionario del organismo judicial.

La jornada ante la Corte Constitucional incluyó la intervención del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, que expuso los problemas de cupos en los penales nacionales y la recepción de internos desde centros transitorios.

Además, la diligencia contó con las exposiciones de Vivían Lilibeth Bernal Izquierdo, directora encargada de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), y del brigadier general de la Policía Nacional Giovanni Cristancho Zambrano, quienes detallaron la situación de orden público en las estaciones de policía y la asignación de recursos para alimentación, sanidad y mantenimiento de las salas de detención temporal del país, además de la defensora del Pueblo, Iris Marín.