Candidato al Concejo de Bogotá denuncia presuntos contratos millonarios de indígenas para asistir a manifestaciones en pro del Gobierno Petro

A través de un tuit, el abogado Daniel Briceño reveló los presuntos contratos de la Organización Nacional Indígena (ONIC) con el gobierno del presidente Gustavo Petro

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El abogado e influenciador Daniel Briceño se ha convertido en uno de los mayores críticos del gobierno Petro. @Danielbricen/Twitter
El abogado e influenciador Daniel Briceño se ha convertido en uno de los mayores críticos del gobierno Petro. @Danielbricen/Twitter

A través de un hilo de tuits, Daniel Briceño, abogado y candidato al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático, ha dado a conocer públicamente una serie de contratos suscritos entre la Organización Nacional Indígena (ONIC) y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según la información proporcionada por Briceño, la suma total de estos contratos asciende a 39.247.000.000 pesos.

Uno de los contratos en cuestión fue firmado el 26 de junio y tiene una fecha de finalización el 31 de diciembre de este año. En este acuerdo, valorado en 25 mil millones de pesos, se establece que la ONIC debe contribuir al “fortalecimiento de los saberes políticos, culturales y espirituales” en el Ministerio del Interior.

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La descripción del contrato explica que su propósito es unir esfuerzos entre el Ministerio del Interior y la ONIC para fortalecer los conocimientos de los pueblos y organizaciones indígenas que forman parte de la Mesa Permanente de Concertación.

Tuit de Daniel Briceño
Tuit de Daniel Briceño

Otro contrato, nuevamente con el Ministerio del Interior, implicó un pago de 4.942.770.000 pesos. Este contrato tenía como objetivo garantizar el derecho fundamental a la “Consulta previa, libre e informada” en relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Sorprendentemente, estas labores se llevaron a cabo en un mes, lo que equivale a un pago diario de más de 160 millones de pesos.

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A finales del año pasado, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) también contrató a la ONIC para recopilar aportes de las comunidades indígenas relacionados con asuntos de ordenamiento, planificación e institucionalidad territorial. Este trabajo se realizó durante 64 días, y la ONIC recibió 1.300 millones de pesos.

Tuit de Daniel Briceño
Tuit de Daniel Briceño

El Ministerio de Transporte firmó un contrato con la ONIC por 2.300 millones de pesos. El acuerdo, que tiene una duración de cinco meses y finaliza en noviembre de este año, incluye la realización de capacitaciones, apoyo técnico y acompañamiento en el contexto de los compromisos acordados en la mesa permanente de concertación.

Por último, el Ministerio de Justicia también celebró un contrato con la ONIC para colaborar en el fortalecimiento del componente de reglamentación interna de los Centros de Armonización, de acuerdo con lo establecido en la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN).

Más información destapada por Briceño

Una de sus revelaciones más sonoras ocurrió apenas unos días después de que Petro se posesionara en su cargo, cuando dio a conocer que se había comprado juegos de cama con pluma de ganso para la casa presidencial, lo que causó polémica en las redes.

A su vez, también puso en evidencia el carrusel de contratos de la exministra del Deporte María Isabel Urrutia, la mayoría de ellos firmados a la medianoche, lo que precipitó la salida del cargo de la expesista; medallista de oro olímpica en las justas de Sydney 2000.

De la misma forma, publicó los contratos entregados a influenciadores cercanos al jefe de Estado, como Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida en Twitter como Lalis, que fue contratada como asesora de la estrategia de TikTok de una de las cuentas del Gobierno, Agencia Colombia Compra Eficiente, por lo que recibió $10.645.161 durante dos meses. Y otro de $51.596.000 con la misma entidad, con el fin de “apoyar la estrategia digital” de la misma dependencia.

Ý la más reciente fue, nada menos, que la que salpica a la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Su esposo, el ciudadano neerlandés Sjoerd Van Grootheest, firmó un contrato por $128.770.000, suscrito con el Fondo Colombia Paz, para liderar la estrategia de comunicaciones referente a la sustitución de cultivos ilícitos.

Este fue el trino con el que el influenciador y abogado Daniel Briceño divulgó el contrato por más de $128 millones del esposo de la exministra Irene Vélez, Sjoerd van Grootheest, con el Estado.

Aunque ha sido objeto de críticas de quienes consideraron que su activismo político tenía un propósito electoral, Briceño parece contar con el respaldo de toda una comunidad en esta red, que le da credibilidad a sus informaciones y las replica de forma masiva.

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