Los firmantes de paz en Colombia han denunciado públicamente diferentes violaciones a los derechos humanos de los que han sido víctimas desde que se firmó el Acuerdo Final de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016. Pues, más de 300 reincorporados han sido asesinados desde entonces, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
De acuerdo con la vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera, el material probatorio de la entidad evidencia que el 80% de las desapariciones, homicidios y amenazas a excombatientes de las extintas Farc son causados por organizaciones criminales. De la totalidad de los casos, el 63% son responsabilidad de las disidencias de las Farc. Estos datos fueron presentados por la funcionaria en una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares de protección a firmantes de paz ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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De acuerdo con Mancera, la Fiscalía ha tenido problemas para ingresar a los territorios en los que se presentan acciones violentas perpetradas por actores armados. Esto ha dificultado en gran medida el desarrollo de investigaciones y el acercamiento a un verdadero esclarecimiento de los hechos.
El episodio más reciente que evidencia esto es lo sucedido en la vereda Bocas del Manso, ubicada en el municipio de Tierralta (Córdoba), donde, según señaló el Ejército Nacional, militares del Batallón de Infantería número 33 “Batalla de Junín”, de la Décima Primera Brigada habrían violentado a la población civil. Cuando una comisión investigadora de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la Nación (PGN) trataba de llegar al lugar para indagar lo ocurrido, el helicóptero en el que se movilizaba fue atacado por, presuntamente, el Clan del Golfo.
No obstante, los escenarios de riesgo no solo se han encontrado en zonas rurales de Colombia; se ha dificultado adelantar acciones investigativas en territorios en los que antes se podía ingresar con mayor facilidad. “Ya estamos hablando de zonas urbanas, no zonas rurales, donde en anteriores años la situación era compleja, pero podíamos entrar al territorio para poder tener el primer eslabón de derechos que tienen todos los colombianos: acceso a la justicia”, explicó la funcionaria.
En ese sentido, el ente acusador no ha podido materializar 60 órdenes de captura de cabecillas del Clan del Golfo, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc, que podrían estar involucrados en crímenes cometidos en contra de reincorporados. Por eso, Mancera explicó que es necesario que se brinden garantías de protección en las zonas afectadas para que la entidad pueda hacer su trabajo.
Actualmente, se está implementando un nuevo modelo para llevar a cabo las investigaciones que ha permitido identificar patrones de criminalidad y las organizaciones responsables de ellos. Esto ha ayudado al abordaje de delitos relacionados con firmantes de paz, defensores y defensoras de derechos humanos, y mujeres. Sin embargo, Mancera argumentó que hace falta encaminar cambios en otras entidades para alcanzar los resultados esperados.
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