Procuraduría exigió garantías de seguridad para comisión especial que investiga lo ocurrido en Tierralta

Luego del atentado que sufrió la aeronave MI-17 que transportaba 20 funcionarios de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo en el momento en el que se dirigía a la vereda Bocas de Manso, Córdoba, para investigar un presunto abuso de autoridad militar, desde la Procuraduría General de la Nación exigieron garantías de seguridad para los investigadores.

De acuerdo con la información conocida, los funcionarios se trasladaban hasta el departamento ubicado en el noroccidente colombiano cuando fueron alcanzados por varios impactos, y aunque no hubo un reporte de heridos, sí se confirmó que la aeronave se tuvo que desviar al Urabá antioqueño hasta el Cantón Militar de Carepa.

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Sobre el atentado, la procuradora Margarita Cabello Blanco aseguró que se siente preocupada por los hechos que se registraron en la tarde del miércoles 13 de septiembre de 2023, por lo que le solicitó al general Luis Mauricio Ospina garantías para la seguridad de los funcionarios.

También, la procuradora Cabello Blanco le envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos al asegurar que las investigaciones continuarán su rumbo, por lo que espera que las autoridades cumplan con llevar a cabo todos los protocolos de seguridad que exigió el Ministerio Público.

La investigación de la Procuraduría

Por los hechos registrados en un video en donde varios hombres armados amedrentaron a la población civil de la vereda Bocas de Manso de Tierralta, Córdoba, la Procuraduría General de la Nación confirmó que una comisión especial llegará hasta el lugar para investigar los hechos en los que, presuntamente, militares habrían abusado de su autoridad.

De acuerdo con la información que se conoció sobre los hechos, los militares, presuntamente, estarían adscritos al batallón Junín y se habrían desplazado hasta la vereda luego de haber sido alertados de la presencia de grupos al margen de la ley.

Una vez en el lugar, y según el relato de los pobladores, los civiles “fueron blanco de amenazas y malos tratos y ni siquiera se identificaron, lo que generó los reclamos de los miembros de la comunidad indígena”.

Luego de que el evento se hizo público, la Procuraduría designó una comisión especial encabezada por la Delegada de Derechos Humanos y de Investigaciones Especiales que se encargará de recopilar pruebas sobre lo sucedido y adelantar las pesquisas necesarias para dar claridad sobre lo que aconteció.

En cuanto a los hechos que quedaron registrados en el metraje, el procurador delegado Sarmiento Olarte calificó como sospechosa la vestimenta de los hombres armados, por lo que uno de los focos de investigación está relacionado con tener claridad sobre las órdenes de la operación que habrían recibido los soldados.