La Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado en el que le pone la lupa al proyecto de decreto que impulsaría la organización campesina, luego de que el Ministerio de Agricultura publicara el borrador.
De acuerdo con el comunicado del ente de control, este proyecto le genera una “gran preocupación”, pues si bien “diferentes organizaciones del Gobierno nacional aseveran que se trata de una materialización del derecho a la organización y movilización campesina, en sus considerandos no se alude al derecho fundamental de reunión y protesta pacífica, previsto en el artículo 37 de la Constitución Política, y tampoco se refiere al derecho de libre asociación”.
Así mismo, la Procuraduría señala que la expedición del decreto “excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, al regular, para un sector específico de la Nación”, ya que al promover la movilización campesina a favor de la reforma agraria, se estarían regulando unos derechos “cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo y respecto a los cuales la función del Estado se limita a garantizar su ejercicio”.
¿Qué dice el decreto?
Según una explicación hecha por el portal Legis, este decreto está protagonizado por la iniciativa de crear espacios que propicien la movilización campesina, a través de unos comités municipales.
El artículo de Legis aclara que estos comités serían “espacios para la participación, concertación, planeación, gestión, evaluación y escalamiento territorial de los procesos de reforma agraria” y que, como consecuencia, “garantizarían la autonomía política de las comunidades campesinas y étnicas. Asimismo, garantizarían los procesos de ordenamiento comunitario de la producción, transformación, comercialización, innovación e investigación agroalimentaria”.
Según el proyecto de decreto, estos comités determinarán el número de participantes, según las propias organizaciones, pero nunca podrán contar con menos de cinco integrantes, a la vez que el efecto que se busca lograr con estos espacios de debate y participación será que el campesinado “aprenda sobre la ejecución, manejo, administración, control social, veeduría y vigilancia del proceso de reforma agraria y en el que los conocimientos comunitarios se aportan y ponen en ejecución”
Vale preguntarse, sin embargo, qué potestades tendrían estos comités. Según la explicación de Legis frente al Decreto, estas serían las principales funciones de estos espacios de deliberación:
- Contribuir en el diseño, formulación, aprobación, implementación, control social y seguimiento del plan de implementación de la reforma agraria en el respectivo núcleo territorial.
- Divulgar en la comunidad todo lo actuado en el proceso, resultados, experiencias y lecciones aprendidas.
- Sistematizar la experiencia de reforma agraria en el respectivo núcleo territorial para que las experiencias y lecciones aprendidas sirvan para escalar nacionalmente el proceso.
No obstante, para la Procuraduría General de la Nación, es motivo de encender alarmas el hecho de que sea necesario expedir un decreto para lograr estos espacio de participación, pues son a favor de una reforma impulsada por el Gobierno, pues de acuerdo con el comunicado, este es un ”decreto oficial para, posiblemente, defender su proyecto de reforma agraria mediante movilizaciones sociales”.
Asimismo, otro motivo agobiante de esta decisión del Presidente, tiene que ver con la destinación de recursos para los efectos de esta participación ciudadana, pues se evidencia en el texto del decreto que “todas las entidades de todos los Sectores Administrativos de la Administración Pública promoverán la movilización y organización de las ‘Asambleas Campesinas por la Tierra’, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes”.
El Ministerio Publico, por su parte, hace un llamado al Gobierno Nacional a garantizar la protección de los derechos de los campesinos por las vías institucionales ya existentes, para evitar una variedad de espacios que no permitan el cumplimiento de acuerdos y la capacidad de una respuesta efectiva y que, al mismo tiempo, debiliten la confianza en las instituciones.
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