
En medio del escándalo por el robo de una maleta con dinero en efectivo del apartamento de la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y la prueba del polígrafo efectuada a su exniñera Marelbys Meza, fue revelado el testimonio del patrullero que atendió el hecho en la vivienda de la ahora directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS).
En la declaración entregada a la Fiscalía General de la Nación el 11 de julio, el testigo del proceso contra los cuatro uniformados por sus presuntos nexos con las interceptaciones ilegales hechas a Meza y Fabiola Perea, la otra mujer que trabajó en el apartamento de la funcionaria, denunció presiones por parte de sus superiores para atribuirse la alteración de un informe.
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En dicho testimonio, conocido en primer momento por la revista Cambio, el integrante de la Sijín contó que fue el autor del reporte sobre la manera en que fue abordado el caso, el domingo 29 de enero de 2023.
Así se habrían configurado las interceptaciones ilegales
Sin embargo, el intendente Alfonso Quinchanegua —hoy capturado e investigado por tres delitos— dijo que él iba a entregarlo, momento que aprovechó para alterarlo y entregarlo a la fiscal 101 del Grupo de Investigación de Hurtos de la seccional Bogotá.
Esta funcionaria, con el informe alterado, emitió una orden de interceptación a las líneas telefónicas de Meza y Posada, que fueron presentadas por Quinchanegua como aliadas del Clan del Golfo. Cabana también explicó que el capitán Oscar Mojica, jefe de la Unidad de Hurto de la Policía Metropolitana de Bogotá, pidió que atendieran el caso de Sarabia por ser “de impacto”.
Minutos después, el patrullero llegó a la vivienda junto con su compañero José López. Momentos más tarde acudió el capitán Mojica y tomaron declaraciones a Laura Sarabia, Andrés Parra, esposo de la funcionaria; Marelbys Meza; Manuel José Ávila, conductor del vehículo en que se movilizaba la funcionaria, y la teniente Sandy Alvenia, jefa del esquema de seguridad.
Un día después (30 de enero) Cabana terminó el informe, pero el intendente Quinchanegua lo radicó directamente ante el ente de control. “Me pide que le entregue de forma personal el informe y sus anexos del acto urgente realizados dentro de la presente investigación”, explicó el patrullero.
Trataron de reaccionar al escándalo
Cuando estalló este tema, el patrullero le pidió al intendente copia de los actos que hizo el día de la denuncia por el robo, pero “él me responde que no porque, según él, a nosotros no nos iban a llamar. Pasaron unos días, y a mí y a mi patrulla López nos citaron a una entrevista ante una fiscalía de Anticorrupción”.
Incluso, dijo que un día antes de la citación a la Fiscalía, Quinchanegua les dijo a él y a López que debían atribuirse el informe.
El intendente, según la declaración, le dijo: “Cabana, pilas con la citación. Hable lo que está en el informe. Yo le digo: ‘jefe, es que ese informe que usted me envió está radicado con el día 31 de enero 2023 y anexada una entrevista que yo no tomé’, y él me contesta que no, que diga eso, ya que ese el informe que está subido en el spoa, yo le dije que no jefe, que mire que nos van a preguntar sobre el acto urgente, que ya habían pasado las treinta y seis horas, y me dice ‘hermano, cumpla la orden’”.
En su segunda versión, confesó que sintió presiones de sus superiores para no seguir hablando sobre el caso. “Me he sentido como nervioso (…) Yo noté el ambiente, yo sentí que no podía hablar de ese caso más, porque sentí la presión, porque las miradas se cruzaban entre nosotros, entonces tratamos de omitir cualquier información”.
Actualmente, el informante Ricardo Rafael Santos, los patrulleros Dana Alejandra Canizales y John Fredy Morales, el intendente Alfonso Quinchanegua y el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, son investigados por violación ilícita de comunicaciones, además falsedad material en documento público y fraude procesal; delitos imputados por la Fiscalía y que no fueron aceptados por los uniformados.
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