
En medio de la polémica que causó su posesión como nueva directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), se conoció que Laura Sarabia ya no se presentará el martes 5 de septiembre de 2023 en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en una citación que estaba fijada para entregar versión libre en el caso en el que está involucrada por el caso de su exniñera, Marelbys Meza.
La mujer denunció haber sido sometida sin su consentimiento a la prueba del polígrafo, en video que se conoció por los medios de comunicación y, además, habría sido víctima de interceptaciones ilegales luego del robo de una maleta en la casa de la funcionaria, en la que —según Sarabia— se encontraban 7.000 dólares; aunque Meza indicó, en entrevista con Semana, que eran $150 millones.
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La diligencia judicial en principio estaba programada para el 23 de agosto, pero en su momento fue postergada debido a los compromisos adquiridos por la funcionaria, que estuvo de visita en los Estados Unidos como parte de la agenda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Organización de Estados Americanos (OEA), para abordar el tema de violencia política contra la mujer.
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“Mi viaje a Washington fue programado luego que el 28 de julio la Fiscalía certificará que no había investigaciones en mi contra. Sin embargo, el pasado 18 de agosto, cuando se conoció la opción de retomar mi tarea en el gobierno, la Fiscalía comunicó la novedad procesal de oír mi versión”, denunció Sarabia el 22 de agosto en su cuenta de X (Twitter).

¿Por qué ya no declarará Laura Sarabia ante la Fiscalía?
En esta ocasión, la citación se canceló debido a que con el nombramiento de Sarabia en este nuevo cargo obliga a la Fiscalía a que le dé traslado al proceso a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que son los que llevarán su caso a partir de entonces. En otras palabras, su cargo en el Ejecutivo le dio un fuero especial en su proceso de juzgamiento; justo un día antes de su indagatoria.
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Según explicó el abogado penalista Iván Cancino, experto en estos procedimientos, en caso de que ellos determinen imputar cargos contra Sarabia, el juicio estaría a cargo del alto tribunal, como ha ocurrido en otros casos de funcionarios y políticos elegidos por voto popular. Por ello, hay quienes han reforzado la hipótesis que el nombramiento del presidente Gustavo Petro buscaba, precisamente, este camino.
Con este giro en el caso que involucra a quien es una de las escuderas del jefe de Estado, incluso estando fuera del Ejecutivo, pues le permitirá a su defensa, liderada por el abogado Jorge Mario Gómez, preparar los argumentos ante lo que sería la programación de una nueva diligencia; esta vez a cargo de los fiscales delegados ante la Corte.
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Policías involucrados en chuzadas no aceptaron los cargos
Mientras el interrogatorio al que debía someterse la funcionaria fue aplazado, los cuatro miembros de la Dijín que fueron llevados a juicio en este caso, Alfonso Quinchanegua, Dana Alejandra Canizales Bonilla, Jhon Fredi Morales Cárdenas y Carlos Andrés Loaiza Correa, no aceptaron los cargos; lo anterior, por las interceptaciones ilegales a Meza, pero también a Fabiola Perea: la otra empleada de Sarabia.
“El informe del 30 de enero lo entregaron unas personas a Alfonso y Dana, incluso al primero le fue remitido el informe a su correo electrónico por parte de Garmán Alonso Cabana, pero este informe fue modificado por ustedes dos, tanto en su fecha y hora, como en su contenido, incluyendo una actividad que no se hizo en actos urgentes”, indicó Cindy Hernández, fiscal del caso.
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