Gobierno evaluará si el Grupo Aval está inhabilitado para contratos con el Estado por sanciones en el extranjero

El acuerdo de procesamiento diferido que firmó Corficolombiana con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por el caso Odebrecht, podría dejar al Grupo Aval sin contratos con el Estado. A raíz de esa decisión, Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, solicitó colaboración judicial para determinar si las empresas del conglomerado están inhabilitadas para la contratación pública.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado solicitó formalmente al canciller Álvaro Leyva que “a través de canales diplomáticos requiera las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del Grupo Aval y Corficolombiana”.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, (Securities and Exchange Commission, SEC) acusó al Grupo Aval y Corficolombiana de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). El grupo empresarial aceptó un acuerdo de procesamiento diferido para terminar con las investigaciones, a cambio de pagar una multa de más de 40 millones de dólares.

Al producirse la decisión, el presidente Gustavo Petro solicitó a la Cancillería activar todos los mecanismos diplomáticos de cooperación judicial con Estados Unidos y Brasil “para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al Estado colombiano”. El mandatario agregó que “los contratos entre Corficolombiana y el Estado colombiano deben ser revisados, comenzando por el contrato de estabilidad jurídica a la luz de la ley colombiana”.

A partir de esa orden, Zamora hizo el requerimiento formal ante el canciller para que se activen los mecanismos y recibir los documentos que tiene el Departamento de Justicia, que cuenta con información sobre sobornos entregados a funcionarios públicos en medio del caso de corrupción de Odebrecht, de la que Corficolombiana era socia en el país, para obtener el contrato de Ruta del Sol II y la adición Ocaña-Gamarra.

Zamora, a raíz de una publicación de Cambio, señaló que es un reto para la Agencia que dirige determinar si el Grupo Aval, a raíz de esas sanciones, está inhabilitado para contratar con el Estado pues de haber aceptado prácticas corruptas, como la acusación de la SEC, uno de los principales conglomerados empresariales no sería apto para participar de licitaciones públicas.

Según lo revelado por el medio de comunicación, el Grupo Aval ya había advertido el riesgo y se lo hizo saber a la SEC en el informe anual de estados financieros entregado en abril. “Dichas investigaciones y procedimientos... podrían tener importantes consecuencias colaterales para nuestra empresa y nuestras subsidiarias, incluidas multas o sanciones, daño a la reputación, pérdida de clientes y negocios, la incapacidad de ofrecer ciertos productos y servicios, la inhabilitación o pérdida del permiso para operar ciertos negocios por un período”, citó Cambio.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado deberá evaluar si el enjuiciamiento diferido que alcanzó Corficolombiana con el Departamento de Justicia de Estados Unidos conlleva una aceptación de prácticas corruptas. Así mismo, si representa una declaración de responsabilidad de la empresa jurídica en delitos como soborno transnacional o violaciones a convenciones o tratados de lucha contra la corrupción ratificados por Colombia.

Aunque el Grupo Aval ha dicho a través de comunicados que la culpa de los sobornos recae en el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, este sostiene que los pormenores del acuerdo con Odebrecht llegaban a la más alta gerencia. Así las cosas, la Agencia de Defensa deberá evaluar a los miembros del conglomerado que podrían haber estado implicados.

La decisión será clave para el Grupo Aval porque de estar incurso en una inhabilidad tendría que ceder todos los contratos públicos de sus filiales a un tercero e iniciar procesos de reparación de los daños causados al Estado, de ser el caso. Tal fue el caso de la Unión Temporal Centros Poblados al descubrirse el caso de corrupción en el contrato con el Ministerio de las TIC.

La Fiscalía no ha vinculado a las compañías del Grupo Aval en las investigaciones por Odebrecht y ninguno de sus miembros hizo parte del nuevo listado de imputaciones. Además, el fiscal Francisco Barbosa sostiene que ya hay colaboración judicial con Estados Unidos y el proceso que adelantó la SEC se dio por trabajo conjunto con el FBI y las autoridades colombianas.