Ministro de Justicia sostuvo que su objetivo es que en 2026 “la Corte pueda decir que se superó el estado de cosas”

Nuevamente, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a la crisis en el sistema penitenciario y las medidas que deben acatarse de acuerdo al estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte en la sentencia T-762 de 2015.

Al respecto, sostuvo que desde la cartera que lidera se hicieron proyecciones para que en 2026 la situación en las cárceles del país mejore. En el fallo, el alto tribunal expuso que hay una grave situación de hacinamiento en buena parte de centros reclusorios, estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) del país; por lo que en la actual administración anunciaron un cambio en la política criminal para solventar esos problemas.

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También dijo en medio de un debate de control político en Cámara de Representantes sobre infraestructura carcelaria del país que espera que para ese año, el último de la administración Petro, la Corte Constitucional proclame que fue superado el estado de cosas declarado hace ocho años.

“Eso parece muy ambicioso dada la situación en la que estamos, pero es lo mínimo que puede hacer un Gobierno comprometido con una situación, ciertamente heredada, pero que debemos asumirla”, sostuvo Osuna Patiño sobre la meta trazada en el Ministerio.

Las claves para superar el estado de cosas

De acuerdo con el funcionario, para llegar a 2026 con la crisis penitenciaria saneada, es necesaria la aprobación de medidas legislativas, pero también administrativas. Vale decir que en julio de 2023 se conoció el nuevo proyecto de ley sobre humanización carcelaria tras el hundimiento del presentado en la primera legislatura.

Dicho articulado, expuesto ante el Consejo de Política Criminal para su concepto, tiene tres ejes: beneficios para campesinos y pequeños sembradores de cultivos de uso ilícito; eliminación de algunos delitos y transformaciones en los principios de oportunidad. En ese orden, la iniciativa propone cambios en el Código de Procedimiento y el Código Penal.

En la actual iniciativa, el Gobierno hizo cambios con respecto al delito elección ilícita de candidatos. No quedó eliminado (como ocurrió en el primer documento) pero sí tiene varios apartados a modificar; en caso de ser aprobado, cualquier funcionario sancionado por la Procuraduría o Contraloría no estaría cometiendo aquella conducta en caso de ser elegido en un cargo de elección popular. Esto argumentado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Petro.

El ministro también expuso ante la Cámara que se debe ampliar la planta de personal del Inpec para evitar que efectivos de la Policía custodien a personas privadas de la libertad recluidas en estaciones. Con esta media, estos efectivos estarán más enfocados en acciones de seguridad ciudadana.

Por otro lado, Osuna enfatizó en que la construcción de cárceles debe estar a cargo del Estado y no propiamente de alcaldes y gobernadores. Dicha afirmación surgió debido a candidatos a estos cargos que han propuesto crear más infraestructura física penitenciaria en caso de ser elegidos.

“Es más propicio que lo haga la nación que una alcaldía o una gobernación, pero eso implicaría aumentar los presupuestos del Inpec y la Uspec –Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios– (...) He dicho que es necesaria una reestructuración para acomodar las cifras y hacer un presupuesto completo con metas y responsabilidades para la administración penitenciaria”, sostuvo el ministro de Justicia. En ese orden, planteó la posibilidad de nacionalizar los servicios penitenciarios para quitarle esa carga a departamentos y municipios.

Para esto, detalló que habría un trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda para asumir partidas económicas a mediano plazo, por lo que esto podría proyectarse en el presupuesto de 2025. Según Osuna Patiño, esta podría representar “la solución para un problema que lleva 25 años”