Violencia electoral en Colombia: 380 municipios están en riesgo alto y extremo de afectaciones a derechos humanos

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se reunió en la tarde del 15 de agosto, a puerta cerrada, con el presidente Gustavo Petro, para discutir sobre la problemática de orden público que se presenta en Colombia y sobre las elecciones territoriales que tendrán lugar el 29 de octubre.

“En eso hemos coincidido con el presidente de la República; en el marco del cese al fuego bilateral, lo más importante, lo más prioritario y preponderante debe ser dejar por fuera de cualquier afectación en sus derechos a la población civil”, señaló el defensor del Pueblo luego de la reunión con el mandatario.

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El funcionario informó entonces que en los próximos días presentará una alerta temprana de riesgos electorales. Mientras tanto, dio un adelanto de parte de la información que contiene dicho documento: hay 380 municipios del país que están en riesgo alto y en riesgo extremo, lo que quiere decir que hay altas probabilidades de que se presenten actos de violencia a los derechos humanos en esos territorios.

Además, dijo que la zona que más preocupa es la del suroccidente colombiano, debido a la vasta presencia de diferentes actores armados en los territorios.

Añadió que desde la Defensoría del Pueblo se ha evidenciado que el Clan del Golfo hace presencia en 392 municipios del país, en más de 24 departamentos. Asimismo, se refirió a las estructuras armadas que se mueven en Bogotá y en Cundinamarca.

“Nosotros de manera específica le venimos haciendo informes de seguimiento (...). En el mismo año 2023 llamamos la atención sobre la presencia no solamente de estructuras armadas ilegales bajo la figura de la tercerización, bajo la figura de la subcontratación que se vienen moviendo y tiene sus dinámicas propias en la capital de la República y por supuesto en los departamentos circunvecinos. Hemos llamado la atención de que hay estructuras armadas del orden local, del orden nacional y del orden transnacional”, explicó el funcionario.

En la reunión que sostuvo con el presidente Petro, Camargo hizo referencia a la injerencia y el control territorial y social que están adquiriendo las diferentes estructuras armadas en el territorio nacional, además de enfatizar en la necesidad de que se implemente verdaderamente un cese inmediato al fuego de los grupos armados.

“Le expresamos a su vez al señor presidente de la República el acompañamiento desde la Defensoría permanente a la política pública de paz total, pero le hicimos una precisión muy puntual y tiene que ver en exigirle a los grupos armados ilegales el cese inmediato, óigase bien, inmediato, de cualquier afectación en los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones en el territorio”, sostuvo Camargo.

En ese sentido, detalló que dentro de ese cese al fuego que debe exigirse a las estructuras armadas está el dejar de extorsionar, el abandonar los homicidios selectivos, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y las amenazas. Esto, sobre todo, de cara a las elecciones territoriales que se aproximan.