Naciones Unidas está preocupada por la expansión territorial de grupos armados en medio de los diálogos de paz

El 15 de agosto de 2023, la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó un análisis de la situación de derechos humanos en Colombia durante el primer semestre del año.

La representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette De Rivero, fue la encargada de evidenciar los resultados de dicho análisis, en los que se manifestó la preocupación por el aumento en el número de masacres ocurridas entre enero y junio de 2023.

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Durante ese periodo se contaron 52 masacres, que representan un aumento del 11% en comparación con las del 2022, una tendencia que va al alza, según dijo De Rivero.

“En las masacres verificadas se sigue observando que un alto porcentaje de estas tienen como presunta autoría grupos armados no estatales y organizaciones criminales”, indicó la representante de la Oficina de Derechos Humanos para Colombia.

Además, alertó por una posible expansión territorial de grupos armados ilegales en varias regiones del país, a pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz.

Así, manifestó que existe “la necesidad de hacer una mejor articulación entre la política de paz total, la política de desmantelamiento y la política de seguridad humana en los territorios; y la necesidad de articular mejor a las autoridades locales, regionales y nacionales del Estado y del Gobierno en territorio, para fortalecer la presencia integral del Estado, empoderar a las organizaciones de base y proteger a la población civil frente al actuar de los grupos”.

La alerta de la ONU se extiende a departamentos como Arauca, Huila, Caquetá, Córdoba y Guaviare donde se han presentado amenazas, homicidios, reclutamiento infantil y libertad de movimiento, entre otras violaciones a los derechos humanos.

En algunos de los acuerdos llegados con grupos armados, como el cese al fuego con el ELN, desde las Naciones Unidas señalaron que se desconoce el reclutamiento infantil al que se ven más vulnerables los menores en comunidades donde hay inseguridad alimentaria, un nivel de vida adecuado o donde hay una pérdida cultural por el impacto del conflicto.

En ese sentido, sugirieron a las delegaciones de la guerrilla y el Estado colombiano, se incluya un cese de este tipo de crímenes: “Exhortamos a incluir desde un primer momento el cese del reclutamiento infantil y la protección de la niñez en los diálogos o negociaciones con grupos armados no estatales”, dice el informe.

Además, la Oficina para los Derechos Humanos mostró su preocupación por casos extorsión en varias zonas golpeadas por el conflicto armado. En total, se han registrado 27 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

“Mientras las negociaciones avanzan, es necesario reforzar el control territorial del Estado y proteger a la población, empoderando a los procesos organizativos que se ven debilitados por el accionar de los grupos”, puntualizó De Rivero.

En cuanto a asesinato de líderes sociales, la ONU Colombia destacó una disminución del 19% en comparación con el 2022. De acuerdo con el reporte, se identificaron 46 casos de homicidio de personas defensoras, de los cuales 39 eran hombres y 7 mujeres.

En el semestre anterior, esta oficina registró 57 asesinatos de líderes sociales, por lo que se produjeron 11 casos menos, lo que “es positivo, pero el alto número de defensoras y defensores asesinados en Colombia sigue siendo intolerable”, precisó Juliette de Rivero.

Por último, la Oficina para los Derechos Humanos ha recibido 42 denuncias de violencia sexual o de género, de las cuales 27 han sido verificadas.

“Preocupan de manera especial las dinámicas de trata con fines de explotación sexual contra niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales y las violaciones de mujeres y niñas”.