
Nicolás Petro y Day Vásquez han dicho públicamente que ni Gustavo Petro ni el gerente de la campaña Ricardo Roa supieron de los dineros irregulares que aportaron a la financiación del proceso electoral en la Costa. Sin embargo, hay un vínculo que las autoridades buscan establecer: la participación del clan Torres y su papel dentro del Gobierno nacional.
Los Torres Villalba habrían financiado el espectacular lanzamiento de la campaña presidencial con la tarima en forma de P que instalaron en Barranquilla a finales de 2021. Tras bambalinas se encontraban Euclides Torres y Pedro Flórez, quien resultó electo senador por el Pacto Histórico sin haber sido parte del movimiento y sin experiencia, casado con Karina Llanos Torres.
Según la investigación de La Silla Vacía para abril de 2022, Armando Benedetti tenía una relación con ese llamado clan desde una década antes y los llevó a la campaña del Pacto Histórico con él. Incluso habría sido quien le dio el puesto nueve de la lista cerrada a Flórez que prácticamente le aseguraba la elección al Congreso.
Los dineros que se habrían aportado desde ese sector político de la costa no estarían registrados en las cuentas de la campaña. Aunque Petro Burgos y Vásquez sostienen que hicieron negociaciones y gastos al margen de su papá y el gerente, se busca establecer si los Torres se habrían visto finalmente beneficiados con el Gobierno de Petro, además de tener un tercer familiar congresista.

Andrés Parra, esposo de Laura Sarabia, trabajó en la UTL del senador Flórez. Ella fue la jefa de Gabinete del mandatario, quien trabajó por varios años con Benedetti y pasó a ser la mano derecha de Petro. Al parecer, a su oficina fue varias veces Euclides Torres, según reveló El Tiempo, en medio del trámite del Código Electoral.
El yerno de Torres, quien se ha mantenido al margen de las investigaciones al igual de Flórez, Álvaro de Borjas Carreras Amoros explicó a ese diario que las reuniones se hicieron como parte del cabildeo por sus sectores de interés, como actores de mercado.
“Eso no se puede considerar lobby. Lo estamos haciendo como cualquier empresa, como lo hace Certicámara, que están haciendo gestión a través de la Cámara de Comercio de Bogotá o Colombia Fintech”, dijo Amoros al diario en diciembre de 2021 cuando fue consultado por las visitas.
Ese sector político estaba interesado en el proyecto que fue aprobado durante la última sesión de la primera legislatura, con el apoyo del Gobierno nacional y serias alertas desde partidos independientes y de oposición. La razón, según explicó Amoros, era el artículo 134 que establecía todo el andamiaje tecnológico que debía implementar la Registraduría para la identificación, documentos digitales, biometría entre otros.

Amoros y Euclides Torres visitaron a varios funcionarios del Gobierno nacional con el fin de buscar una modificación que le permitiera al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reglamentar los servicios digitales. La idea era poder abrir la puerta para participar, como compañía del sector, en las jugosas licitaciones que daría pie la transformación de la identificación en el país.
En la audiencia contra Nicolás Petro se revelaron chats de Day Vásquez en los que menciona a Euclides Torres y este fue incluido en el organigrama de contactos que construyó la Fiscalía con base en las comunicaciones. Sin embargo, su papel no ha sido esclarecido en todo el entramado.
Incluso el hijo del presidente se negó a aclarar el papel de Euclides en la entrevista con Semana, señaló que no puede dar más información antes de entregársela a las autoridades y haría parte de la reserva. Petro Burgos ha dicho que su papá no sabía de los recursos de El Turco Hilsaca y Santander Lopesierra, pero no de los que habría hecho los Torres.
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