Grueso contrato en Ibagué puso en jaque el servicio del transporte en la ciudad: luego de 12 días se levantó paro

Desde el martes 25 de julio, cerca de 900 buses estuvieron detenidos en el centro de Ibagué, Tolima frente a la alcaldía del pueblo, como una protesta por parte de los conductores contra la administración del mandatario Andrés Fabián Hurtado y la gestión que adelanta.

Según las denuncias de los transportadores, el alcalde los incita a la violencia mientras ellos buscan una solución para el servicio en el municipio. Cabe mencionar que el paro se extendió dos semanas más de lo que se había pensado en un primer momento.

Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Ibagué es la segunda ciudad del país con mayor desempleo alcanzando un 16,1% entre los meses de abril y junio.

¿Cuál es el contrato que genera debate?

Se trata de la adjudicación de un convenio para implementar una herramienta tecnológica de gestión y control de la flota, recaudo, información al usuario y monitoreo del nuevo Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp).

Con el sistema, según la administración, lo que busca es actualizar y mejorar la prestación del servicio de transporte público, por medio del arreglo de la malla vial, construcción de terminales, tecnología para el pago con tarjetas y centralización del negocio del recaudo.

Sobre el paro de transportadores

Inicialmente, todo empezó como una estrategia de modernización para el transporte de los ciudadanos, pero con el paso de los días se generaron algunas críticas contra el alcalde Hurtado.

El secretario de Gobierno del municipio, Milton Restrepo Ruiz se puso al frente de la situación que se vivía en las calles de Ibagué donde varios transportadores impedían que algunos de su mismo gremio laboraran con la estrategia incorporada por la Alcaldía.

También en redes sociales se evidenció a un conductor de bus que estuvo cerca de atropellar a integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante los enfrentamientos. Según el relato, del transportador solo quería salir de la zona, pero le lanzaron gases lacrimógenos y bombas aturdidoras.

Uno de los puntos de debate del contrato tuvo que ver con la implementación del Setp en la capital de Tolima -la creación del sistema para la administración del billonario recaudo de los pasajes por los próximos 16 años (hasta el 2039)-. Según la ley, las empresas transportadoras, que manejan el servicio público, pueden participar en la adjudicación del contrato y tienen preferencia cuando se unan para presentar una única oferta y cumplan las condiciones.

Por ello, desde octubre del 2022, los gerentes de Expreso Ibagué, Cotrautol y Movilizando a Ibagué presentaron una propuesta a la Alcaldía y al Setp para manejar el recaudo. Para la fecha, el alcalde Hurtado afirmó que la modernización del sistema era una realidad y que estaban “trabajando de la mano con los transportadores para implementar el proyecto”.

Por esto, tanto empresarios como conductores encargados se sorprendieron al recibir una carta de la gerencia del Setp, el 28 de junio de 2022, en donde fue rechazada la oferta porque presuntamente no reunía “los requisitos técnicos, legales y financieros” exigidos por el Ministerio de Transporte.

Esto luego de entrar en vigencia la Ley de Garantías, que prohíbe a las entidades del Estado emplear la contratación directa cuatro meses antes de elecciones, la Alcaldía de Ibagué, por medio del SETP, le entregó la implementación del sistema tecnológico de recaudo y control de la flota por 16 años a la empresa Infotic S.A. de Manizales.

A raíz de la determinación se generaron varias denuncias por parte de conductores y empresarios por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato.

El alcalde Hurtado dijo en entrevista con El Espectador que el convenio “se hizo ajustado al marco de la ley y la normatividad. Infotic cumplió cada uno de los requisitos y hemos solicitado a la Procuraduría y a la Fiscalía que adelanten todas las revisiones”.

Empresa Infotic

En redes sociales la entidad estatal sustenta que más del 50% de su capital proviene del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales (InfiManizales), el control y la mayoría decisoria en esa empresa son privados.

Desde 2016 Infotic está subordinada a seis empresas privadas registradas en Cali, Barranquilla y Bogotá. De los cinco cargos de la junta directiva, las empresas privadas controlantes tienen tres, así que conforman la mayoría. Sobre esta situación el alcalde Hurtado mencionó al medio citado que no sabía que Infotic estuviera controlada por privados y no explicó por qué no se verificó esa situación de subordinación antes de contratarla.

La Alcaldía además le dio a Infotic de presentar su propuesta dos veces, como se registra en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) que cita que una de estas se presentó en noviembre del 2022 y la que aprobó, fue en enero del 2023. Entre estos los documentos existen diferencias importantes.

Dos propuestas hechas, una ganadora

Sistema de recaudo: la propuesta de enero cita a VYR S.A.S., una empresa que no participa en esta contratación y no tiene ninguna responsabilidad con el convenio. El alcalde reconoció que no sabe qué es VYR, aunque cree que es el aliado estratégico de Infotic para la ejecución del contrato.

Adolfo Tejada, que es representante legal de Infotic, afirmó que VYR es el aliado que se escogió por ser el dueño o fabricante de la tecnología para la implementación del sistema de recaudo.

Entre las controlantes de Infotic hay varios tipos de empresas, como JVP Peralta Consultores (se dedica a cualquier actividad económica lícita en Colombia y en el extranjero) y su dirección comercial es un apartamento en el Chicó. Esta empresa es la más grande de las seis que controlan Infotic las otras cinco son microempresas.

Conciliación Alcaldía - transportadores

Luego de varias negociaciones sin resultados, el alcalde Hurtado se trasladó hasta Bogotá para reunirse con el Ministerio y la Superintendencia de Transporte, para solicitar la cancelación de la licencia de operación a las empresas que impulsaron el paro y prometió que llamará a sesiones en el Concejo de Ibagué para pedir autorización para crear un operador público de transporte.

También anunció comparendos y sanciones, para los conductores que continuaran en la protesta y firmó un acta de suspensión del convenio por cuatro meses que duraría la creación de la empresa de transporte.

Pero en las primeras horas del domingo 6 de agosto, ambas partes llegaron a un acuerdo que hasta la fecha se desconoce y levantaron el paro que duró 12 días, se espera que la decisión beneficie a la ciudadanía que se vio gravemente afectada por el cese de actividades durante casi dos semanas.