Ante la Jurisdicción Especial para la Paz volvió a comparecer Héctor Albeidis Arboleda, conocido como el enfermero de las Farc al interior de la guerrilla. Esta vez fue abordado por su presunta participación en la aplicación de métodos anticonceptivos y la práctica de abortos a niñas y mujeres que integraban las filas de esa estructura.
En medio de la diligencia, presidida por la magistrada Lily Andrea Rueda, Arboleda Buitrago negó nuevamente haber tenido relación con estas dinámicas al interior de esa guerrilla, pese a que fueron presentadas en su contra demandas de verdad de familiares de víctimas.
En mayo de 2020, el actual compareciente ante la JEP fue condenado a 40 años de cárcel por practicar abortos a mujeres integrantes de las extintas Farc y a niñas que previamente eran reclutadas para robustecer sus filas entre 1997 y 2004.
De acuerdo con las investigaciones, estos procedimientos los realizaba en medio de malas condiciones de salubridad a mujeres que pertenecieron al ELN y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) y a integrantes de comunidades étnicas en al menos cinco departamentos del país.
El enfermero no aceptó su responsabilidad en la comisión de estos hechos y volvió a alegar inocencia. La magistratura, por su parte, detalló que mientras hizo parte del Bloque Noroccidental del entonces grupo insurgente sí incurrió en estas prácticas que son abordadas por el macrocaso 07 —reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado—.
En junio de 2023, Arboleda fue citado por la Sala de Reconocimiento para declarar por casos de reclutamiento y abortos realizados dentro de esa guerrilla. En ese pronunciamiento fue llamada también la exsenadora de la República Victoria Sandino.
La entonces legisladora por el partido Comunes tendrá que asistir a la comparecencia el 4 de octubre desde las 8:30 de la mañana en las instalaciones de la jurisdicción. A mediados de julio, el tribunal especial halló a 15 exintegrantes de las Farc, entre ellos Pablo Catatumbo, responsables de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado en los municipios Barbacoas, Tumaco y Ricaurte (Nariño), priorizados en el macrocaso 02 de este tribunal.
La Sala de Reconocimiento emitió este primer auto de determinación de hechos y conductas en el conflicto interno dentro del macrocaso cuyas investigaciones están centradas en la comisión de múltiples violaciones a los derechos humanos en esos tres municipios de Nariño, entre ellas “la existencia e implementación de una política de control social y territorial”, como lo indicó la magistrada Izquierdo.
La togada también explicó que los comparecientes de la antigua guerrilla cometieron graves afectaciones contra comunidades afrocolombianas e indígenas en esas zonas priorizadas. Así las cosas, también es la primera imputación hecha por esta jurisdicción a un exmiembro del secretariado de la extinta guerrilla.
De acuerdo con las investigaciones realizadas en el macrocaso, esas dinámicas de control estuvieron divididas en seis; entre ellas violaciones sexuales contra mujeres y población LGBTIQ+, la cooptación e instrumentalización de organizaciones sociales para eliminarlas y la ocupación de territorios ancestrales bajo el desplazamiento forzado de comunidades étnicas.
Entre estas se identificó el reclutamiento y utilización de niñas y niños indígenas y afrocolombianos a través de la seducción, coacción y engaño. “Entre 2001 y 2015 se documentó el reclutamiento y utilización de 102 niños y niñas con pertenencia étnica. Del total de víctimas, 13 eran niñas y 89 eran niños”, detalló la JEP en el auto conocido el 13 de julio.
También fue mencionado un patrón de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, y violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas o no normativas.
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