El 31 del julio del 2023, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la Ley 2307, aquella que establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas en el país. Teniendo en cuenta esto, tendrá que ser reglamentada por parte del Ministerio de Educación en un periodo máximo de seis meses. ¿En qué consiste esta normativa?
“A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional garantizará la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado en instituciones de educación superior pública”, establece el segundo artículo de la ley.
Según asegura el documento firmado por parte del jefe de Estado, será tarea del Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, desarrollar programas intersectoriales que permitan “asignar apoyos para el sostenimiento de los estudiantes colombianos matriculados en programas de pregrado de las instituciones de educación superior públicas”. Esto deberá hacerse de manera progresiva y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal anual.
De acuerdo con lo que destaca el archivo, deben ser priorizadas las personas “pertenecientes a poblacionales en condiciones de vulnerabilidad de acuerdo con lo focalización socioeconómica Sisbén lV o el instrumento que hago sus veces definido por el Departamento Nocional de Planeación, víctimas del conflicto armado, los que pertenezcan o las comunidades étnicas: indígenas, ROM, raizales, afrodescendientes y palenqueras, así como a quienes pertenezcan a población con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes graduados como bachilleres de colegios oficiales ubicados en las zonas rurales del país”.
“El Gobierno nacional implementará un mecanismo de verificación para la entrega de los apoyos económicos para sostenimiento, con el fin de evitar que un estudiante matriculado en programas de pregrado de las instituciones de educación superior pública reciba más de un apoyo del Gobierno Nacional para el mismo propósito”, destaca el manifiesto firmado por Gustavo Petro.
La educación en Colombia ya no sería un servicio, sino un derecho fundamental: qué significa
Tras confirmar que el 20 de julio se presentaría la reforma a la Ley 30 de 1992 ante la nueva legislatura, desde el Ministerio de Educación se explicó lo que hay detrás de ello. Lo que se busca es que la educación en el país deje de ser un servicio y se convierta en un derecho para todos los colombianos.
Quien lo confirmó fue la titular de esa cartera, la ministra Aurora Vergara, quien en rueda de prensa no solo confirmó pormenores de esa iniciativa, sino que dio a conocer que tras la renuencia de algunos rectores de las universidades, habían logrado un consenso para tramitar otra de las nuevas reformas del Gobierno nacional.
“Estamos recibiendo los insumos de la propuesta por parte de instituciones a nivel nacional, integrando a las asambleas universitarias a este trabajo y la próxima semana se establecerán las conclusiones del documento borrador”, informó la jefa de cartera.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro busca que mediante la reforma a la educación superior, unos 500.000 jóvenes colombianos tengan acceso a las universidades. Según el MinEducación, actualmente hay unos 2 millones de connacionales que no tienen acceso a ese sector, lo que cambiaría si la ley sale avante en el Congreso de la República.
“Esta reforma integral a la Ley 30 pone la visión de la educación de servicio, como está en la versión de la ley hoy, a la visión de un derecho fundamental. Ese es el carácter de la educación, es el principal eje de deliberación en la reforma”, aseguró la ministra Vergara.
“Analizamos la puesta en marcha de este programa para incrementar la cobertura para potenciar la infraestructura educativa, garantizar que se establezca una medida de tránsito inmediato a la educación superior y para garantizar que programas innovadores y creativos le abran la puerta a la juventud de los territorios excluidos que más los necesitan”, añadió.
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