Ambiciosa reforma a la educación superior tendrá una inversión de $6,8 billones

Desde el 20 de julio, el Ministerio de Educación, bajo el liderazgo de Aurora Vergara, dio a conocer el primer borrador de la tan esperada reforma a la Ley 30, considerada la norma más importante en el ámbito de la educación superior en Colombia.

En concreto, la reforma tiene como objetivo realizar cambios en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, abordando así la cuestión del financiamiento de las Instituciones de Educación Superior (IES).

Esta reforma busca abordar aspectos fundamentales del sistema educativo y, entre otros temas, se determina el monto de dinero que el Estado deberá destinar anualmente a las IES.

El proceso de construcción de esta reforma fue diseñado con apertura a la participación de todos los actores involucrados en el sistema educativo. Durante dos semanas, el Ministerio brindará la oportunidad para que diferentes sectores y entidades puedan aportar ajustes y sugerencias al documento presentado.

Esta consulta participativa pretende garantizar una reforma sólida y consensuada que se ajuste a las necesidades de la educación superior en el país, pero sobre todo que pueda ser aprobada por el Congreso de la República.

Entre los cambios propuestos en este primer borrador se encuentran aspectos relevantes que buscan mejorar y optimizar el sistema educativo, como la modificación de la fórmula de transferencias que la Nación realiza a las IES.

La iniciativa contempla que el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices) remplace al Índice de Precios al Consumidor (IPC) como indicador determinante en la asignación de recursos.

El Ices será estimado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), lo que permitirá una valoración más precisa y actualizada del gasto necesario para la educación superior.

Además, la reforma propuesta tiene como objetivo habilitar al Estado para disponer de recursos adicionales destinados a fortalecer las instituciones de educación superior estatales y fomentar el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes, así como mejorar la calidad integral de la educación.

También contempla la financiación para las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (Ittu), lo que representa una medida importante para impulsar la educación técnica y tecnológica en el país.

En cuanto al impacto fiscal de esta reforma, el Ministerio de Educación estimó que el gasto adicional rondaría los $6,8 billones entre 2024 y 2026, esta cifra se distribuiría de la siguiente manera: aproximadamente $5,8 billones se destinarían al funcionamiento de las IES, con $2,4 billones para financiar el programa de ampliación de cobertura denominado “Universidad en tu Territorio”.

El billón restante se destinarían a recursos adicionales para fortalecer la base presupuestal; la entidad señaló que este gasto adicional estaría respaldado por los mayores ingresos derivados de la Reforma Tributaria, lo que impactaría positivamente el Presupuesto General de la Nación (PGN).

En perspectiva a mediano plazo, se estima que esta reforma podría representar recursos adicionales por más de $33 billones en un período de aproximadamente 10 años, esto indica la magnitud de los cambios y la inversión necesaria para transformar la educación superior en Colombia.

El borrador de la reforma espera modificar dos artículos de la Ley 30

La reforma plantea cambios específicos en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, con el propósito de abordar la problemática del financiamiento de las IES estatales u oficiales.

Pretende disponer recursos adicionales desde el PGN para mejorar gradualmente el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes de educación superior pública en pregrado.

En relación con las modificaciones al artículo 86, el Ministerio de Educación estima un costo de $617.017 millones en 2024, $1,52 billones en 2025 y $2,75 billones en 2026.

Por otra parte, en el artículo 87 se propone aumentar los aportes del Gobierno para las universidades nacionales, departamentales y municipales en hasta un 50% del incremento real anual del PIB. Esta medida implicaría un costo fiscal de $76.929 millones en los años 2024, 2025 y 2026.