El Consejo Gremial exige investigar las intimidaciones contra medios de comunicación y reforzar su protección en Colombia

Las denuncias de posibles atentados contra medios de comunicación en Colombia siguen generando repudio en varios sectores políticos, económicos y sociales en el país.

El turno fue para el Consejo Gremial Nacional (CGN) que manifestó su solidaridad con los medios y comunicadores que han recibido intimidaciones en las últimas semanas. En un comunicado, la entidad sostuvo que la libertad de prensa es una garantía para el acceso ciudadano a información independiente y a la pluralidad de opiniones.

“El Consejo Gremial Nacional (CGN) rechaza de manera categórica las amenazas y acciones de intimidación dirigidas contra diferentes medios de comunicación y periodistas en Colombia, y expresa su solidaridad con quienes hoy ven comprometido el ejercicio libre e independiente de su labor informativa”, indicó la entidad en su comunicado.

Del mismo modo, el CGN defendió la labor periodística en Colombia, al considerar que “el ejercicio periodístico debe poder desarrollarse sin presiones, intimidaciones ni amenazas, en un entorno que proteja la independencia de los medios, la pluralidad de opiniones y el derecho de los ciudadanos a estar informados”.

El gremio también pidió que las diferencias sociales y políticas se tramiten mediante el diálogo y argumentos, sin amenazas ni descalificaciones. “El Consejo Gremial Nacional hace un llamado a todos los actores de la sociedad, a promover un debate respetuoso, constructivo y tolerante, en el que las diferencias se tramiten mediante argumentos y no a través de la intimidación o la descalificación”.

Además, solicitó a las autoridades investigar los hechos, disponer medidas de protección y asegurar que “la libertad de prensa se ejerza plenamente en todo el territorio nacional”

El pronunciamiento contó con el respaldo de organizaciones de distintos sectores productivos, entre ellas la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Fenalco, Camacol, Fedegán, Asofondos, Acopi, Colfecar y Naturgas.

Detalles de las denuncias

La noche del sábado 7 de noviembre de 2026, la sede de Caracol Televisión en el barrio La Floresta, en el norte de Bogotá, fue evacuada luego de una advertencia sobre la posible presencia de un artefacto explosivo. Las autoridades revisaron el edificio y se activaron los protocolos de seguridad.

De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, las autoridades habían alertado sobre una posible intención de grupos ilegales de atacar al canal. Las alertas de inteligencia mencionadas por el Gobierno apuntaban a eventuales atentados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión.

La advertencia también alcanzó a Caracol Radio, que desalojó a sus trabajadores de su sede en la capital ante el riesgo de un ataque contra sus oficinas y otros medios. La cadena indicó que coordinó medidas preventivas con la fuerza pública para resguardar a periodistas, colaboradores y visitantes, y reiteró que mantendría su labor informativa.

El presidente Abelardo de la Espriella rechazó las intimidaciones contra los medios de comunicación nacionales y ordenó emplear “toda la capacidad del Estado” para proteger a RCN, Caracol Televisión, sus periodistas, trabajadores y familias ante las alertas. También dispuso reforzar la seguridad de la revista Semana.

“No vamos a permitir que el narcoterrorismo intimide al periodismo colombiano”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X. De la Espriella sostuvo que la libertad de prensa debe ser respetada y expresó su solidaridad con los periodistas del país.

“¡La libertad de prensa es sagrada y se respeta! Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia. ¡Aquí no gobierna el terrorismo! ¡Aquí impera la ley y la autoridad del Estado! Toda mi solidaridad con los periodistas de Colombia. No están solos”, sostuvo el primer mandatario de los colombianos.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió establecer la veracidad de las informaciones, esclarecer lo ocurrido y adoptar medidas para garantizar la seguridad de quienes trabajan en los medios. “Garantizar la seguridad de los periodistas y las condiciones para el ejercicio libre, independiente y sin intimidaciones del periodismo es una obligación del Estado”, señaló la funcionaria en la misma red social.