Oscar Parra, magistrado de la JEP, aseguró que en todos los departamentos se cometen ‘falsos positivos’

Durante los últimos meses, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo importantes hallazgos correspondientes al macrocaso 03 que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

El más reciente estuvo relacionado con los ‘falsos positivos’ cometidos en Dabeiba (Antioquia) y las inhumaciones cometidas por integrantes del Ejército. Sobre estos avances y otros presentados por el tribunal durante el año, el magistrado Oscar Parra, de la Sala de Reconocimiento de Verdad, se refirió a esa dinámica del conflicto y las decisiones que se podrían tomar a corto y mediano plazo.

En diálogo con Blu Radio, el togado explicó que esos crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en todos los departamentos del país, con una variación distinta de la intensidad. “Nos dieron más de 6.402 hechos como un universo provisional, como un punto de partida, y allí dijimos ‘arranquemos’ porque no podíamos arrancar con todo a la vez”.

Parra también indicó al medio citado que esta dinámica interna del conflicto armado fue priorizada debido a la cantidad de casos registrados no solo en las primeras dos décadas del actual siglo, sino por los más de 50 informes recibidos por el tribunal sobre ‘falsos positivos’ perpetrados en todo el país.

En medio del análisis de la información recopilada, en el tribunal de justicia transicional encontraron crímenes de este tipo ocurridos en los años 80. “La JEP logra identificar una ejecución extrajudicial en el año 82 y recuperamos y entregamos dignamente los restos”, detalló el magistrado.

Pese a esos registros, la jurisdicción decidió enfocarse en las ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2002 y 2003, pues de acuerdo con Parra, a partir de ese año aumentó la frecuencia y sistematicidad de los casos. Al respecto, dio a conocer que, conforme a los hallazgos, dieron cuenta de un aumento “exponencial” a comienzos de esa década.

“Estamos hablando dentro de los 6.402, fácilmente dentro de esa época (2005-2008), podemos hablar de un horizonte cercano a entre mil y tres mil de los hechos, pero tenemos que decantar más esas cifras”, dio a conocer el magistrado Parra a la emisora mencionada.

El lunes 17 de julio el presidente de la JEP, Roberto Vidal, anunció la priorización de la fase nacional en la investigación de estos crímenes. Además, en esta nueva fase del macrocaso las investigaciones se concentrarán en las máximas responsabilidades de la cadena de mando militar.

Por ello, el magistrado no descartó llamar a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos (también exministro de Defensa) para que declaren dentro de este caso. De paso, ratificó que la priorización de los seis subcasos territoriales (Antioquia, costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta) continuará activa.

“La JEP convocará en audiencias de declaración jurada en calidad de testigos a aquellos agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública que hicieron parte del Gobierno nacional cuando se presentaron estos graves hechos”, sostuvo, justamente, el magistrado Oscar Parra en el pronunciamiento oficial emitido por el tribunal.

En la entrevista con el medio citado, el togado de la Sala de Reconocimiento indicó que las investigaciones también se van a centrar en las dinámicas que permitieron la comisión de ‘falsos positivos’, como recompensas, permisos, condecoraciones y felicitaciones; así como ‘regaños’ y llamados de atención a las unidades militares que reportaban pocas cantidades de bajas en combate.

Otro elemento que se seguirá abordando son las decisiones políticas “expresas o tácitas” en los periodos donde se intensificó esta dinámica. “Aquí estamos hablando incluso de misiones tácticas, órdenes de operación, informes de patrullaje, gastos de munición. Documentos relacionados a reglas operacionales que son legales (...) pero que fueron falseados en el marco de carpetas operacionales que trataban de dar cuenta, falsamente, de combates”. En ese sentido, dijo que no es preciso determinar si estas acciones correspondieron explícitamente a una política de seguridad.