
Como lo había anunciado a Infobae Colombia el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, el martes 18 de julio fue instalada la mesa de diálogo sociojurídica entre el Gobierno nacional y los Shottas y Espartanos, las dos estructuras delincuenciales con mayor presencia e incidencia en el distrito portuario.
El acto se llevó a cabo en la casa cural de encuentros Bagno Regio y estuvo liderado por integrantes de la Iglesia católica y la oficina del alto comisionado para la Paz (Oacp), en cabeza de Danilo Rueda. También asistieron víctimas del conflicto urbano, representantes de organizaciones sociales y gremios económicos presentes en esta zona, los cuales harán parte del espacio de conversación.
De acuerdo con la entidad del Gobierno nacional, esta nueva fase del proceso de paz urbano logró establecerse tras superar un primer periodo de acercamiento y generación de confianza entre las dos estructuras criminales y está contemplada dentro de la Ley 2272 de 2022, que menciona a la Paz Total como una política de Estado.
La instalación de este espacio se produjo en medio de una fuerte situación de violencia presentada en buena parte del distrito, especialmente las comunas que están alejadas del centro y la zona portuaria.
En medio de esa escalada, la tregua anunciada a finales de 2022 estuvo bajo constante amenaza no solo por rencillas entre varios de sus integrantes, sino por la presencia de otros actores ilegales que buscan adueñarse con las rentas ilícitas controladas por esas dos estructuras.
De hecho, durante mayo y junio hubo un retorno parcial de las fronteras invisibles, hecho que generó más zozobra entre los habitantes del distrito ubicado a tres horas de Cali. De acuerdo con lo manifestado por monseñor Jaramillo a este medio el lunes 17 de julio, Shottas y Espartanos no llegan a la mesa con acuerdos definidos, sino que todas las medidas a tomar serán habladas en el espacio sociojurídico.
En ese orden, no está acordada una nueva tregua o el levantamiento de acciones armadas por parte de estas estructuras contra civiles y la fuerza pública; sin embargo, los acuerdos sobre esos temas se pueden lograr a medida que avancen los diálogos.
En ese sentido, la oficina del alto comisionado sostuvo que el espacio de conversación tiene como principales objetivos la reducción de la violencia armada en Buenaventura; el tránsito gradual hacia el Estado de derecho y el desarrollo “de un ejercicio de construcción de paz con garantías” con la intervención de sectores sociales y económicos.
Uno de los pedidos de Shottas y Espartanos es la aprobación en el Congreso de la ley de sometimiento a la justicia, cuya ponencia será presentada en la segunda legislatura según lo anunciado por Néstor Osuna, ministro de Justicia.
En el legislativo, de acuerdo con la Oacp, también se discutirán los términos del proceso de sujeción y reincorporación de los miembros de ambos grupos criminales a la sociedad.
“Los legisladores contarán con insumos objetivos derivados del avance de los espacios de conversación sociojurídica, como el que inicia hoy en Buenaventura”, agregó la entidad en un pronunciamiento.
Actualmente, cerca de 1700 jóvenes hacen parte de las dos estructuras; todos ellos localizados tanto en la zona urbana como en áreas rurales del distrito. Algunos de sus cabecillas están en cárceles del país, por lo que no se descarta la posibilidad de mover la mesa a esos lugares.
“Es un tema que se verá más adelante”, mencionó Jaramillo a Infobae Colombia luego de dar a conocer la fecha de instalación del espacio de conversación que tendrá la veeduría de la Misión de Verificación de la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp/OEA).
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