Imputan cargos a dos marionetas de la red del excongresista Mario Castaño: así habrían conseguido más de 3.000 millones

Dos ingenieros civiles que firmaron varios contratos en el Eje Cafetero son las nuevas ‘marionetas’ a las que la Fiscalía les sigue los pasos de quienes se beneficiaron con la red de corrupción que montó el excongresista Mario Castaño. Son señalados de acaparar más de $3.000 millones de recursos públicos y pactar coimas con diferentes funcionarios y empresas para quedarse con las licitaciones.

Se trata de los ingenieros Camilo Andrés López Giraldo y Fausto Alonso Bedoya Grajales que cumplieron audiencia de imputación de cargos por, presuntamente, haber direccionado al menos seis contratos en municipios de Caldas y Risaralda. La Dirección Especializada contra la Corrupción los acusó formalmente de los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

De acuerdo con la Fiscalía, los contratistas se contactaron un integrante de la red del exsenador Mario Castaño “para conocer anticipadamente los pliegos de condiciones, y demás requerimientos de carácter presupuestal y legal contenidos en seis procesos contractuales, entre abril de 2021 y marzo de 2022″.

Santiago Castaño, uno de los personajes condenados y quien era el encargado de hacer que los contratos quedaran en manos de los referenciados por el senador, sería el contacto de estos dos hombres. A él le habrían ofrecido su empresa para que la tuviera en cuenta en el reparto corrupto de los contratos que manejaba la red de Las Marionetas.

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2021 y enero de 2022 ambos tuvieron conversaciones con ese miembro de la red de Castaño, “quien colaboró en servir de intermediario en la adjudicación irregular de esos contratos. Estas conversaciones tenían como propósito acordar los contratos que se iban a direccionar, la documentación requerida, pactar el porcentaje del valor del contrato y los nombres de los contratistas a los cuales se adjudicara”, señaló la Fiscalía.

Ambos habrían definido el pago de un porcentaje sobre el valor del contrato que se entregaba como contraprestación a la adjudicación irregular. Estos se debían distribuir en las diferentes actas parciales durante el desarrollo del acuerdo. Incluso la Fiscalía tiene identificado una negociación en la que se pactó un 25% del valor total en un contrato de interventoría que significó $30′000.000.

El proceso sería efectivo porque entre abril de 2021 y marzo de 2022 consiguieron seis contratos de obra y de interventoría para el mejoramiento de vías urbanas en Pueblo Rico (Risaralda) que según La Patria costaba $611 millones; otro para la adecuación de carreteras veredales y realizar la construcción de un parque en La Merced (Caldas) por cerca de $25 millones; uno más para construir una cancha sintética de fútbol cinco en Balboa (Risaralda) por $913 millones; y el contrato de manteamiento del polideportivo de Aguadas (Caldas) por $315 millones.

Desde varias semanas antes de que se abrieran las licitaciones, los ingenieros ya habrían recibido información por parte de la red de Las Marionetas sobre los contratos y así asegurar que ganaran la licitación. Les decían cómo se realizaría el proceso contractual, el valor, las empresas que se harían cargo y los pliegos de condiciones para que al momento de presentarse a la licitación el resultado ya estuviera direccionado.

En este caso también habría participado Pablo César Herrera Correa, exgerente de la empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta Quindío, quien está en proceso de firmar un preacuerdo con la Fiscalía para entregar información sobre los casos. A él le habrían llegado varios nombres acordados por el mismo mecanismo y habría procedido a firmar los procesos contractuales, según las menciones del ente acusador.

El propio Mario Castaño ya aceptó los 19 delitos que le imputó la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia y fue condenado a casi 16 años de prisión por haber liderado una organización delictiva. Ahora la investigación sigue sobre las llamadas Marionetas en el que ya se investiga a varios congresistas.