Detenidos en el paro nacional de 2021 exigieron mesa de diálogo con el Gobierno tras 10 días de huelga de hambre

Que el Gobierno nacional atienda sus peticiones y reclamos. Ese es el principal pedido de un grupo de personas que fueron detenidas por su participación en las protestas del paro nacional de 2021 y que, al no ser atendidas como esperaban, iniciaron una huelga de hambre que hasta el domingo 9 de julio completa diez días.

El miércoles 28 de junio, integrantes del colectivo ‘Jonathan Sabogal’ recluidos en la cárcel de palmira comenzaron aquella protesta. En su pronunciamiento indicaron que la ‘hora cero’ sería el 1 de julio a las 12:00 del mediodía y expusieron cuatro motivos para efectuarla. En principio, reclamaron un “asedio judicial” en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y Francisco Barbosa.

“Evidentes entrampamientos que involucran falsos testimonios, inflación punitiva, dilaciones procesales, enmarañamiento de los procesos penales, entre otros, hacen parte del asecho jurídico para mantenernos presidiarios”, afirmaron desde el colectivo. En ese sentido, explicaron que esa dinámica configura hechos victimizantes para las familias de quienes están detenidos por participar en el estallido social.

De igual manera, esos hechos también son victimizantes con los mismos detenidos cuya situación jurídica sigue sin resolver, por lo que culparon al Gobierno Duque (ahora oposición a la administración actual) de que ellos aún continúen detenidos a la espera de medidas efectivas por parte del sistema actual de justicia y autoridades ajenas a la Fiscalía.

El miércoles 5 de julio tuvieron un primer acercamiento con el Gobierno actual, no se definió la instalación de una mesa de diálogo, otro de los reclamos de los prisioneros políticos (como se autodenominaron). En cambio, fue revisado el estado de salud de los detenidos, pues según el colectivo ya estaba decaída para el momento del encuentro con órganos del Estado. Deshidratación y una notable caída en los signos vitales de los manifestantes fueron los primeros resultados de aquellos exámenes.

La consejería para la Juventud visitó a los jóvenes el viernes junto con delegados del Inpec de las subdirecciones de salud y educación. De acuerdo con El Espectador y las organizaciones sociales que han hecho seguimiento a las condiciones de los detenidos, ese diálogo estuvo mediado por una petición previa a la declaratoria de huelga sobre mecanismos educativos dentro de la cárcel donde están recluidos.

Dentro del acercamiento, dos jóvenes desistieron de continuar con la huelga de hambre por serios problemas de salud, pues llevaban más de una semana sin comer. En ese orden, siete continúan con ese mecanismo de protesta a la espera de ser atendidos por el Gobierno nacional en el sentido de instalar una mesa de diálogo.

En la mañana del domingo 9 de julio el colectivo ‘Objetivo libertad’ emitió el más reciente reporte sobre la situación actual de los presos e indicaron que aún no hay respuesta estatal frente a las exigencias de la huelga.

Bajo ese panorama, los integrantes del ‘Jhonatan Sabogal’ expusieron en el cuarto punto de sus reclamos que en la mesa ellos son considerados actores políticos no armados. De hecho, sostuvieron que desde agosto de 2022 insistieron en la instalación de ese mecanismo y que ya se habían registrado avances producto de diálogos presenciales con los ministerios de Justicia e interior; congresistas, organizaciones de derechos humanos, “pero luego de 10 meses no se concreta”, expresaron.

“El 2021 viene a ser, entonces, un episodio más de esa espiral de la historia de lucha social cuyo eje concéntrico se resume en la sistemática política antisocial del Estado que se reaceita a cada sucesión del gobierno, anteponiendo a toda posibilidad de resolución el recurso de la violencia estatal”, manifestaron los detenidos de Jamundí en su quinto día de huelga.

En medio de esos reclamos, el jueves 6 de julio fueron liberados cuatro jóvenes por vencimiento de términos. Los que quedan en la cárcel, piden que sean garantizados los derechos a la vida y que se reconozca que sus detenciones estuvieron basadas en la participación de la protesta social como actores políticos no armados.