Entre mayo y junio, grupos armados realizaron 48 violaciones a los derechos humanos: Defensoría del Pueblo

La entidad informó que las acciones hostiles se dieron en medio del cese al fuego decretado por el Gobierno

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El ELN fue uno de
El ELN fue uno de los grupos que más incumplió los acuerdos de cese al fuego. REUTERS/Albeiro Lopera

En su último reporte, la Defensoría del Pueblo informó que los grupos armados que pactaron cese al fuego con el Gobierno nacional a principios de año cometieron 48 violaciones de los derechos humanos en el segundo trimestre del año.

La entidad garante de los derechos en Colombia realiza un seguimiento minucioso a las tres treguas decretadas por Gustavo Petro el 1° de enero del 2023 y en su sexto boletín estableció que entre el 19 de mayo y el 18 de junio del 2023 grupos como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ELN; y los grupos disidentes de las Farc: Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, realizaron 48 acciones indirectas; es decir, hechos violentos que afectaron los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

“Quedó evidenciado que, aunque solo se presentó una acción bélica entre la fuerza pública y el Bloque Occidental Jacobo Arenas, perteneciente al Estado Mayor Central, en Andes (Nariño) mantiene su accionar y se enfrenta con otras organizaciones, realiza amenazas, homicidios, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, entre otras acciones. Así lo hemos evidenciado en las distintas alertas tempranas que hemos emitido”, indicó la Defensoría del Pueblo.

Disidencias de las Farc- EP
Disidencias de las Farc- EP se movilizaron en moto en un municipio de Nariño atemorizando a la comunidad. Twitter/@jhonrojasca.

De acuerdo con el informe, las acciones violentas tuvieron lugar en 13 departamentos del país: Nariño (8), Antioquia (6), Putumayo (6), Cauca (5), Huila (5), Arauca (4), Casanare (3), Valle del Cauca (3), Guaviare (2), Meta (2), Caquetá (2), Córdoba (1) y Boyacá (1).

Nariño, el departamento más afectado

Entre las acciones hostiles presentadas en territorio nariñense, la Defensoría enfatizó en los hechos presentados:

  • El 26 de mayo de 2023, cuando cerca de 340 familias de la comunidad Cuascuabí Padulbí, pertenecientes al resguardo indígena de Nueva Esperanza Cuayquer Viejo, fueron desplazadas hacia la Institución Educativa de Cuascuabí Padulbí, debido a enfrentamientos entre el ELN y el Frente Iván Ríos de la Segunda Marquetalia.
  • El 29 de mayo por lo menos 400 familias de la comunidad del resguardo de Magüí fue desplazada hacia la Institución Educativa de Inkal Awá tras una decisión tomada en la mesa de seguridad territorial interna del resguardo. El desplazamiento se dio por los enfrentamientos que se presentaron en el resguardo de la Nueva Esperanza Cuayquer Viejo. De acuerdo con la Defensoría: “Existen medidas de restricción a la movilidad establecida por actores armados sobre los caminos y paso el horario de tránsito para la comunidad es de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.”.
  • El 11 de junio se presentaron enfrentamientos entre el ELN y Frente 30 del Estado Mayr Central en los Resguardos de Chagüi Chimbuza, Vegas y Magüí. En la primera comunidad, algunos menores de edad fueron retenidos, amarrados, golpeados y amedrentados con explosiones de granadas lanzadas hacia los cultivos de pancoger durante dos horas aproximadamente. En los enfrentamientos fue explotada una tarabita (teleférico artesanal) que conectaba a varias poblaciones de la zona; en el ataque fue afectada una menor de edad.
Farc en Nariño: Imágenes reveladoras
Farc en Nariño: Imágenes reveladoras muestran el impacto de los patrullajes en la comunidad. Twitter:@RafaNietoLoaiza-@jhonrojasca.

Ante la situación el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, declaró: “Estos grupos armados ilegales mantienen el interés de expandirse en los territorios y apoderarse o mantener el control territorial y social, lo que genera más violencia y el riesgo de agudizar las afectaciones de los derechos de las comunidades, así lo hemos evidenciado en las distintas Alertas Tempranas que hemos emitido desde la Defensoría del Pueblo”.

La entidad estableció que los grupos armados intimidan a las comunidades con la detonación de artefactos explosivos, obligan a los pobladores a asistir a reuniones, instalan pancartas, envían panfletos y videos con mensajes intimidantes o alusivos a los grupos armados.

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