Durante el martes 4 de julio, la oficina del alto comisionado para la Paz —Oacp— reveló un estudio reciente sobre hechos victimizantes con minas antipersona en el país.
Según las cifras, los “accidentes” (como denominó la entidad a estos hechos) disminuyeron un 29% en todo el país; también arrojó que seis departamentos concentran la mayor cantidad de artefactos de este tipo instalados por grupos armados ilegales. Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño tienen la mayor cantidad de minas sembradas.
También se detectó que en zona fronteriza de Córdoba, Santander, Arauca, Putumayo, Meta, Caquetá y Guaviare tienen estos elementos sembrados, aunque en menor cantidad. Ahora, sobe el total de víctimas, la Oacp detalló que entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de mayo de 2023 hubo 94 víctimas de minas antipersona, reflejando con esto una baja del 29% a comparación del periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2021 y el 31 de mayo de 2022 con 132 personas afectadas.
Por otro lado, entre agosto de 2022 y mayo de 2023 se identificaron 24 municipios con “accidentes” con lo cual se registró una disminución del 37%, pues en el mismo periodo de los años anteriores fueron detectados 38.
Civiles, los más afectados
El estudio encabezado por el Comité para la Acción Integral contra Minas Antipersonal indicó también que hubo una reducción de ataques contra civiles e integrantes de la fuerza pública. En cifras, del 7 de agosto de 2022 al 31 de mayo de 2023 se registraron 62 casos de civiles víctimas, en tanto que 32 militares y policías cayeron en estos artefactos. Entre los mismos periodos de 2021 y 2022, 88 civiles y 44 agentes del Estado pisaron minas antipersona.
“Ni una sola víctima más de este flagelo es aceptable. ¡Seguimos trabajando por una Colombia sin minas!”, resaltó la entidad a cargo de Danilo Rueda tras la publicación del estudio.

Vale mencionar que de acuerdo con históricos de Naciones Unidas, hasta el 31 de marzo se registraron 12.341 víctimas por minas antipersona, la manipulación de munición sin estallar y otros elementos explosivos improvisados en el país. Según el organismo, 2006 fue el año más crítico con reporte de 1224 víctimas. En contraste, 2023 presentó hasta la fecha mencionada 31 personas afectadas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) indicó en abril de 2023 que durante el primer trimestre del año se conocieron 73 casos de víctimas afectadas tras entrar en contacto con minas o elementos similares. Las mayores afectaciones, de acuerdo con esta oenegé, los departamentos más afectados fueron Arauca, Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Bolívar y Putumayo.
“La presencia, uso y abandono de artefactos explosivos genera afectaciones sobre la población civil, víctimas de los conflictos armados en el territorio colombiano”, manifestó la dependencia de la Cruz Roja sobre estos datos. Incluso, señalaron que las consecuencias humanitarias no recaen solamente en las víctimas, sino que ello genera otras dinámicas asociadas al conflicto armado.
“Las personas que sufren los accidentes por la detonación de los artefactos explosivos, también existen otras consecuencias humanitarias como el desplazamiento, el confinamiento, el bloqueo al acceso a los bienes y servicios, la dificultad para poder acceder a la caza, la pesca, al agua”, mencionó el Cicr en un pronunciamiento oficial.
La Defensoría del Pueblo ya se había referido a estos hechos, y reprochó que, más de seis años después de la firma del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc, aún se tenga conocimiento de la siembra de minas, pues esa guerrilla lideraba los listados de acciones violentas por esos artefactos.
“No es posible concebir un país en paz cuando aún hay minas antipersona, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados en nuestros territorios”, sentenció Carlos Camargo, cabeza de esta entidad.
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