Procuraduría pide garantías a Gobierno para que los 12 alcaldes amenazados retornen a sus territorios

A vísperas de las próximas elecciones regionales, que se celebrarán el 29 octubre para elegir a los alcaldes y gobernadores para los próximos cuatro años, algunos mandatarios que no han podido ejercer sus funciones desde el lugar en donde los eligieron o lo tuvieron que abandonar por las amenazas recibidas de grupos armados al margen de la ley. La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Ministerio del Interior tomar acciones necesarias a los 12 alcaldes de siete departamentos para que puedan retornar a sus territorios.

El ente de control pidió de manera urgente al Gobierno un informe detallado sobre las acciones adelantadas para atender esta problemática y las estrategias que se tienen dispuestas para abordar la situación. Además, del plan de acción con las medidas específicas que se implementarán para garantizar la seguridad de los funcionarios amenazados y el mecanismo de interacción con las gobernaciones, alcaldías y otras entidades, con el objetivo de lograr una respuesta integral.

De esta manera, la Procuraduría recordó que el pasado 10 de junio puso en conocimiento de Ministerio el informe en materia de seguridad y convivencia ciudadana, en el cual se evidenció la necesidad de coordinar con las autoridades territoriales y las entidades del nivel nacional. Tenía como objetivo implementar un plan de acción integral de atención que contemple estrategias de seguridad, fortalecimiento institucional y coordinación interinstitucional para hacer frente a la grave situación que enfrentan los funcionarios y las comunidades en riesgo.

El organismo se unió al llamado de la Defensoría del Pueblo donde alertó que los alcaldes de Puerto Guzmán, Putumayo; Cartagena del Chairá, Caquetá; Magüí Payán, Nariño; Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar, Chocó; El Bagre y Tarazá, Antioquia; Villeta, Cundinamarca, y Tibú y La Playa, Norte de Santander; quienes han ejercido sus funciones fuera de sus jurisdicciones.

Este llamado de la Procuraduría lo hizo en el marco de las alertas por seguridad en los diferentes territorios, que han venido emitiendo los organismos de control frente al inicio de la carrera por las elecciones regionales.

Estos son los alcaldes en Colombia que tienen que gobernar exiliados por amenazas de grupos criminales

Algunos casos fueron recopilados por el diario El Tiempo, como el de Nelson Leal López, que tuvo que huir de Tibú el pasado 10 de marzo hacia Cúcuta por los constantes hostigamientos del ELN. El medio menciona que durante su desplazamiento a la capital de Norte de Santander su vehículo fue interceptado y robado, por lo que fue abandonado en medio de la carretera a su suerte.

Desde ese entonces debe gobernar por Zoom, algo que asegura que es complejo porque no se entera de todo lo que sucede en el municipio. “Nuestros campesinos quieren ver al alcalde y contarle sus necesidades, entonces algunos vienen a Cúcuta, otros pueden entrar al despacho allá o hablo con ellos a través de reuniones virtuales”, le contó a El Tiempo.

Por una situación parecida pasa Yina Marelvy Moreno Mosquera, alcaldesa de San José del Palmar, Chocó, pero que tiene que gobernar desde Pereira (Risaralda). El motivo también son las amenazas de un grupo criminal, aunque no reveló el nombre. “Es muy difícil no poder estar en territorio porque te eligen para estar en con una comunidad”, manifestó la mandataria, que debe adelantar reuniones virtuales e impartir órdenes por WhatsApp.

Aquel municipio tiene un oscuro antecedente, pues en 2007 un grupo de guerrilleros asesinó a disparos a la entonces alcaldesa, Blanca Inés Marín Osorio. “Se inició con el mismo rumor, se cumplió y la asesinaron. Yo no quiero correr con el mismo riesgo”, le comentó al medio en cuestión.

De igual manera, el alcalde de La Playa del Belén (Norte de Santander), Ider Álvarez, fue obligado a salir del municipio cuando estaba en plena campaña electoral. A pesar de haber sido elegido por más de 2.700 personas, solo pudo regresar por un breve periodo antes de tener que exiliarse de nuevo por las amenazas del frente 33 de las disidencias de las Farc.

Su salida se dio luego de un atentado sufrido el 24 de marzo de 2022 en el cual uno de sus escoltas resultó herido. Desde entonces, se trasladó a Cúcuta y luego de tres meses a Ocaña, desde donde ha gobernado todo este tiempo.

También le pasa al alcalde de Cartagena del Chairá (Caquetá), Edilberto Molina Hernández, que se negó en múltiples ocasiones a asistir a los campamentos de las disidencias que operan en esa zona y ahora tiene que gobernar desde Florencia. De la misma manera le pasó al alcalde de Puerto Guzmán, Putumayo, Edison Mora, por sus denuncias sobre el actuar de grupos al margen de la ley y los riesgos electorales en ese municipio.