
La exalcaldesa de Armenia, Quindío, Luz Piedad Valencia Franco, ha sido destituida e inhabilitada por 18 años por la Procuraduría General de la Nación (PGN), debido a actos de corrupción relacionados con la contratación de proyectos viales que involucraron cerca de 17 mil millones de pesos de recursos de valorización.
Además de la exalcaldesa, también han sido destituidos e inhabilitados por 15 años el entonces secretario de Infraestructura, Julio César Escobar Posada, y los entonces director y subdirector del Departamento Administrativo Jurídico, Ricardo Arturo Ramírez Londoño y Juan Sebastián Londoño Forero, respectivamente.
Según el Ministerio Público, Valencia Franco participó en acuerdos ilegales con su esposo, a quien indirectamente benefició con sobornos, y el contratista Fernando León Díez, para favorecer la adjudicación de los contratos 012 y 031 de 2015, destinados a la construcción de las obras mencionadas, en beneficio de las empresas que representaba y de otros actores, para formar las uniones temporales Vías de Armenia y Puentes de Armenia.
Como resultado de este acuerdo ilícito, diez de las obras aprobadas por el Concejo Municipal de Armenia terminaron en manos de Fernando León Díez Cardona, representante de las uniones temporales mencionadas.
Para aparentar legalidad, la exalcaldesa delegó las facultades de contratación en el Departamento Administrativo Jurídico y en la Secretaría de Infraestructura.
“Para dar un manto de legalidad, la exservidora delegó facultades de contratación al Departamento Administrativo Jurídico y a la Secretaría de Infraestructura, lo que permitió, entre otras cosas, que esta última suscribiera con la Empresa de Desarrollo Urbano -EDUA, los contratos interadministrativos 010 y 013 de 2015, que antecedieron los contratos de obras 012 y 031 de 2015 y que finalmente fueron desarrollados por el equipo de la constructora Diez Cardona”, indicó la Procuraduría.
Con estas acciones, la exalcaldesa incurrió en delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, suscripción de contratos sin requisitos legales y peculado en provecho propio y de terceros.
En cuanto al secretario de Infraestructura Municipal, Julio Escobar Posada, se encontró que también participó en las mismas conductas imputadas a la exalcaldesa, al firmar los contratos interadministrativos 010 y 013 de 2015 con la EDUA, basándose en la delegación otorgada por la alcaldesa Valencia Franco mediante la Resolución 059 de 2013.
En el caso del director del Departamento Jurídico del municipio de Armenia, Ricardo Ramírez Londoño, se confirmó su responsabilidad por conspirar para cometer conductas delictivas y por la celebración de contratos sin los requisitos legales.
Finalmente, se determinó que el entonces subdirector del Departamento Administrativo Jurídico, Juan Sebastián Londoño, fue responsable de falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin requisitos legales, al tramitar y adjudicar dos licitaciones públicas, así como al tramitar, adjudicar y suscribir los contratos de interventoría 015 de 2015 y 01 de 2016.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 calificó las conductas de los investigados como gravísimas a título de dolo.
Estas decisiones demuestran el compromiso de las autoridades en la lucha contra la corrupción y la protección de los recursos públicos.
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