
El incremento en las cifras de niños, niñas y adolescentes que han abandonado el sistema educativo en el último año puso en alerta a la Procuraduría General de la Nación, que solicitó al Ministerio de Educación, en cabeza de Aura Vergara Figueroa, tomar las medidas necesarias para frenar el aumento de la deserción estudiantil en los jóvenes.
Según cifras expuestas por el registro de matrícula, Simat, 341.417 niños y adolescentes han abandonado sus estudios en el último año, razón por lo cual el órgano de control pidió al ministerio dirigido por Figueroa “formular acciones urgentes para garantizar la permanencia de los niños, las niñas, los adolescentes y jóvenes en el sistema educativo”.
De igual manera, la Procuraduría solicitó a la ministra Figueroa un reporte en el que se indique la tasa de deserción escolar que se registró en los últimos tres años, en los niveles preescolar, básica y media, para cada una de las entidades territoriales, con el fin de esclarecer las causas que estarían generando el incremento en las cifras.
Otra de las solicitudes para el Ministerio de Educación se basó en que deben informar las acciones que se estén definiendo desde el Gobierno nacional para brindar acompañamiento a las entidades en donde se estén registrando los mayores índices de deserción para dar con los hechos que estén ocasionándolos y, de la misma manera, erradicarlos lo más pronto posible.
Según cifras entregadas por la cartera, entre noviembre de 2022 y mayo de 2023 un total de 473.786 niños y jóvenes han desertado de las instituciones educativas; mientras que en los años 2021 y 2022 el promedio fue de 330.000. Además, el informe también indicó que el departamento más afectado por esta problemática es Putumayo, con una tasa del 8.11%, seguido de Arauca, Guainía y Caquetá. En el caso de las grandes ciudades también forman parte de la lista Bogotá, Medellín, Soledad (Atlántico) y Cali, entre las que se presenta mayor índice de abandono escolar.
Factores como el orden público y la situación de seguridad han contribuido con el aumento en los porcentajes de deserción, afectando a las instituciones educativas y los procesos académicos de niños, niñas y adolescentes.
“Este es un fenómeno que tiene diversas explicaciones. Principalmente, hay una afectación en el sistema educativo por el conflicto armado. No es casualidad que las tasas más altas estén en Putumayo, Guainía y Arauca, lugares de alta conflictividad”, explicó el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Óscar Sánchez Jaramillo, en medio de una conferencia de prensa ofrecida a finales de mayo de 2023
El funcionario además señaló que “también es un tema de desigualdad. Este es un país que ofrece oportunidades de acceso a la educación muy desiguales”, lanzando múltiples críticas contra las entidades gubernamentales que no han velado por el bienestar de las instalaciones educativas donde permanecen los estudiantes.
Dentro de las medidas que se tomaron con respecto a la problemática que se está generando en el ámbito estudiantil, la Procuraduría General de la Nación, destituyó e inhabilitó por nueve años para ejercer cargos públicos a la exsecretaria de Educación de La Guajira, Bely Josefina Gneco Terán, por irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) por más de $37,900 millones.
El órgano de control enfatizó en que la funcionaria no supervisó de manera adecuada el Contrato 194 de marzo de 2015, el cual establecía que la UT Nutriendo Escolares debía brindar complemento alimenticio y almuerzos a 117.458 estudiantes en 17 municipios además de servicio de transporte durante 125 días hábiles del calendario escolar.
Aquellas acciones generaron serias irregularidades entre septiembre y octubre 2015 con respecto a la cantidad y calidad de almuerzos en instituciones educativas en los municipios de San Juan del César, Dibulla, Riohacha, Uribia y Maicao, en La Guajira.
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