Gobernador de Antioquia criticó la Paz Total del Gobierno nacional: “Hay un incremento claro de todas las actividades delictivas”

Durante el sábado 24 y domingo 25 de junio se llevó a cabo una cumbre de seguridad con gobernadores de distintos departamentos y entidades del Gobierno nacional como el Ministerio de Defensa y la oficina del alto comisionado para la Paz. En el encuentro, fueron expuestas las diversas problemáticas perpetradas por diversos grupos armados ilegales y, en ese sentido, fue cuestionada la Paz Total.

Para algunos mandatarios locales, la política planteada por la administración Petro y contemplada en la Ley 418 de 1997 (de orden público) actores ilegales ha sido aprovechada por estructuras criminales para la comisión de delitos como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro.

Uno de los más críticos de esa iniciativa fue el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien denunció el incremento de acciones delictivas por parte de las disidencias de las extintas Farc, el Clan del Golfo y el ELN, guerrilla con la que se pactó el cese al fuego bilateral y cuyo inicio será el jueves 3 de agosto.

Al respecto, sostuvo al término de la cumbre que esos actores armados “están aprovechando vacíos, errores, improvisaciones de la paz total para incrementar sus actividades delictivas. A veces, uno piensa que el comisionado de Paz, no sé si por la falta de tiempo o equipo, es increíble que tenga más tiempo para hablar con agrupaciones ilegales que con gobernadores y alcaldes”. De paso, agregó que también hay un aumento del accionar criminal de estructuras en las ciudades.

Gaviria también cuestionó el papel del comisionado Danilo Rueda, su disposición para hablar con voceros de los grupos armados y la falta de canales de diálogo con las autoridades locales y regionales para establecer medidas ante la escalada de violencia en los territorios.

“No sé si es por falta de tiempo o de equipo, pero es increíble que tiene mucho más tiempo para estar hablando con las agrupaciones ilegales que con gobernadores y alcaldes que tenemos un mandato popular”, reprochó el antioqueño.

A esas críticas se sumaron las de Arnulfo Gasca, gobernador de Caquetá, quien expuso que si bien fue decretado desde el 31 de diciembre de 2022 el cese al fuego con distintos grupos ilegales (Estado Mayor Central, Clan del Golfo, Segunda Marquetalia y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada) el mecanismo solo fue cumplido por la fuerza pública.

“Los grupos al margen de la ley no cumplieron. Siguieron extorsionando, secuestrando y eso no lo podemos permitir los gobernadores de Colombia”, sostuvo el gobernador. Incluso, aseguró que las Fuerzas Militares y de Policía esperan directrices para recuperar “los territorios perdidos” que ahora, según él, fueron ocupados por actores ilegales.

A mediados de junio, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, dio a conocer la hoja de ruta para acatar el cese al fuego con el ELN. El documento que consta de 11 puntos que detallaron que, en la fase de alistamiento previa a la implementación del cese, las operaciones no serán pausadas.

A su vez, los miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están en la obligación de ejecutar las órdenes de captura vigentes contra los miembros del ELN, orden que solo se suspenderá en caso de que la Fiscalía General, previa petición del mandatario, así lo decida.

Por otra parte, el comandante del Ejército, general Luis Ospina, expresó que, tras el levantamiento del cese bilateral con el Estado Mayor Central, alias Iván Mordisco sigue siendo declarado objetivo militar. “Nosotros estamos en cuatro departamentos en este momento en contra de las disidencias, es decir, en esos cuatro departamentos. En el momento en que cualquier individuo que esté al margen de la ley esté delinquiendo, lo sorprendamos en flagrancia, vamos a asestar el peso de la ley, que en principio es buscar su detención”, manifestó.