Colombia se rajaría en el próximo Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, los tres anteriores Gobiernos no tuvieron mejor suerte

De acuerdo con un informe hecho por parte de 590 plataformas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia, las últimas cuatro administraciones del país, incluyendo la del actual presidente, Gustavo Petro, han fallado en lo que respecta a los derechos humanos. Tal y como lo destaca el documento Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y el jefe del Pacto Histórico están en deuda con la paz.

Lo que señala el reporte para argumentar aquella premisa es que 329 firmante del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las Farc han sido asesinados desde el año 2016 hasta la fecha. De la misma manera, 1.264 líderes sociales han perdido la vida de manera violenta desde el año 2018.

“Colombia ha incumplido las recomendaciones hechas por el Comité. La falta de implementación del AFP por parte del Gobierno de Iván Duque, entre otros factores, generó una agudización de la violencia en el marco del conflicto armado. Además, la respuesta desproporcionada del Estado frente a la protesta y las restricciones derivadas de la pandemia del Covid-19 agudizaron las violaciones a los derechos humanos y el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pacto”, dice el informe.

“En su conjunto valoramos que la situación en Colombia es grave, que es un acumulado de 15 años de los gobiernos de Uribe, Santos, Duque, pero llamamos la atención de este Gobierno que tiene la oportunidad de cambiar, que valore este examen que se va a realizar en noviembre como una oportunidad para identificar dónde están los aspectos más críticos de la situación de derechos humanos”, comentó acerca de la realización del informe Jomary Ortegón Osorio, vocera de la plataforma de DD. HH. Democracia y Desarrollo.

“Durante el año 2022 se eligió un nuevo Gobierno afín a los temas de DDHH y paz, que ha manifestado su voluntad de cumplir con las obligaciones y las recomendaciones internacionales. Además de manifestar un compromiso con la implementación efectiva del AFP, también se ha propuesto terminar la violencia en Colombia con la denominada política de Paz Total e impulsar grandes reformas sociales. Por ello, la revisión del Comité es vital para que el Estado identifique claramente las deudas y prioridades del país en DDHH y paz; las recomendaciones se presentan como una oportunidad para guiar la mejora de la situación, y el seguimiento del Comité se vuelve fundamental para logar materializar las obligaciones establecidas en el Pacto”, sostiene el documento.

Nora Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuros, en medio de esa coyuntura, recordó una de las muertes violentas más recientes: la del líder reclamante de tierras Emiro Nel Sánchez, quien, además, estuvo secuestrado en el municipio de Arboletes, en el Urabá antioqueño. Su cuerpo apareció sin vida en el municipio de San Pelayo, en Córdoba.

“Emiro había acompañado a los líderes reclamantes de tierras en la región del Urabá antioqueño y en Córdoba. La paz total y la reforma integral agraria solo se hará posible cuando cesen los asesinatos de los líderes y lideresas campesinas que hoy reclaman sus tierras”, señaló Saldarriaga. Este crimen, según información revelada por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, fue cometido por las Autodefensas Gaitanistas.

Teniendo en cuenta el que sería el incumplimiento de garantías de derechos humanos, las más de 500 entidades aseguran que el país se rajará en el Examen Periódico Universal (EPU), aquel que tiene que presentar en noviembre de este año. Aquella evaluación valora la situación de derechos humanos de los 193 estados que hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas.

Según el informe, “entre el 2017 y el primer semestre de 2022 se registraron 3.376 casos de muertes por violencia sociopolítica. Los hallazgos evidencian que por lo menos el 58% de los casos obedecen al accionar del Estado. Los niños, niñas y adolescentes son especialmente impactados por el conflicto”.

Así mismo, destaca el documento, “entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2021, hubo 383 violaciones graves cometidas contra este sector de la población como reclutamiento y utilización, asesinatos, y violencia sexual (...) Durante el periodo del informe, la pobreza monetaria alcanzó un porcentaje del 39,3% de la población, la pobreza extrema un 12,2 %, y el 54,2 % de los hogares sufren inseguridad alimentaria”.