Organizaciones sociales de Catatumbo convocaron mesa de diálogo ante la escalada de violencia

Una de las regiones más golpeadas por el accionar violento del ELN es Catatumbo (Norte de Santander). Atentados atribuidos a esa guerrilla, como el perpetrado el 24 de mayo en el municipio Tibú contra una patrulla de Policía, o el ataque de integrantes del frente Camilo Torres a una unidad militar que dejó diez militares muertos y otros más heridos, generaron en la comunidad un fuerte llamado de atención al Gobierno nacional.

Si bien el cese al fuego decretado entre el Estado y el grupo ilegal en La Habana tendría mayor impacto en esta zona, las comunidades exigen que se cumpla ese y otros acuerdos humanitarios pactados. En ese sentido, se llevó a cabo una audiencia pública con participación de la mesa humanitaria del Catatumbo. En ella intervinieron comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado e integrantes de la Comisión de Paz del Senado.

En la mesa, la congresista Gloria Flórez, del Pacto Histórico, reconoció que hay ausencia de inversión social, así como serios problemas de seguridad alimentaria y convivencia por cuenta de la presencia de actores armados ilegales como el ELN y estructuras locales. Por ello, advirtió que se debe establecer un plan de emergencia inmediato “que permita aliviar la situación de hambre y otras complejidades que se viven en las comunidades”.

En el evento también participaron funcionarios como Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia, y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.

Por su parte, la gestoría de paz del ELN (que no asistió a la mesa) en cabeza de Juan Carlos Cuéllar, calificó como positiva la instalación de esta y recordó que en los primeros ciclos de negociación se discutió y aprobó el punto de alivios humanitarios tomando como base la crisis humanitaria que viven comunidades en determinados municipios de la región.

De paso, mencionó que el tercer ciclo que finalizó en la capital de Cuba dejó dos principales logros: el cese bilateral de carácter nacional y temporal y la creación de mecanismos para la participación de organizaciones civiles en el proceso de paz. Sobre el primer acuerdo, adelantó que se están creando los protocolos para su puesta en marcha desde el 3 de agosto; en tanto que respecto al segundo se busca mitigar la crisis estructural y humanitaria en la zona.

El llamado a convocar un diálogo regional con el Gobierno nacional

Aproximadamente 120 organizaciones sociales territoriales, la comunidad internacional y el Congreso de la República, acordaron un diálogo humanitario directo con el Estado y los actores armados presentes en el Catatumbo para que sus reclamos sean atendidos y se diseñe una hoja de ruta que permita la construcción de paz ante la fuerte escalada de violencia del último trimestre.

El principal objetivo es que se sienten en la mesa las gestorías de paz de los diversos grupos ilegales, la oficina del alto comisionado para la Paz, los ministerios de Interior y Defensa; la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz; el Ministerio Público, la misma comunidad internacional y la Iglesia católica durante julio. A través de un pronunciamiento, resaltaron la urgencia de hablar con las instituciones correspondientes. Dicha jornada, que se haría en un solo día, tendría el acompañamiento de la Diócesis de Tibú, la alcaldía del municipio y la Gobernación de Norte de Santander.

“Reiteramos que el diálogo humanitario regional se propone como un espacio facilitador para aportar en la propuesta señalada por el Gobierno nacional respecto a la implementación de sedes de diálogo territorial que posibiliten la participación real, efectiva y decisoria de las comunidades”, mencionó el comunicado firmado por las organizaciones territoriales de Tibú y organismos como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp/OEA).