
Un nuevo informe sobre agresiones a la prensa en Colombia entregado por la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, reveló un balance preocupante para los periodistas del país. Según las cifras recogidas por la organización, a lo largo del año 2023 se han documentado 58 amenazas contra estos profesionales.
Las cifras van desde el 1 de enero y hasta el pasado 31 de mayo de 2023, lo que para la Flip significa que un periodista es amenazado cada dos días; lo que es un claro problema para la seguridad de quienes ejercen esta profesión en el territorio nacional.
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Los casos registrados por la organización se dieron en 22 departamentos del país, lo que quiere decir que en el 70% del territorio nacional se ha amenazado a por lo menos un periodista. Los lugares con mayores agresiones e intimidaciones han sido Bogotá y municipios de Arauca, Norte de Santander, Tolima, Atlántico y Nariño.

La capital del país es la ciudad en la que más ataques a la prensa se han registrado, en los primeros cinco meses del año se denunciaron seis casos. Esto podría deberse a que Bogotá es el sitio de concentración de grandes medios digitales, televisivos, radiales, comunitarios, independientes y demás.
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En el caso de los periodistas que han sido intimidados en Bogotá las amenazas se suelen dar por parte de actores desconocidos a través de las redes sociales; lo que marca una gran diferencia con los colegas que ejercen en el territorio rural del país, donde las intimidaciones vienen de actores armados ilegales.
A lo largo del 2023, la Flip ha registrado que 26 de las 58 agresiones se han dado por parte de bandas criminales, disidencias y guerrillas; durante el mismo periodo, pero en 2022, se documentaron 21. La mayoría de estas intimidaciones se dan en los departamentos de Arauca y Norte de Santander.
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En cuanto a las fuentes que cubren los periodistas víctimas de intimidaciones la organización pudo establecer que en el caso de Bogotá, los comunicadores que abordan temas de administración pública, política y seguridad están más expuestos. Mientras que en Arauca y Norte de Santander son aquellos que informan sobre conflicto armado, narcotráfico y asuntos de seguridad.
En otras zonas del país en las que también se han registrado casos, como lo son los departamentos de Tolima y Atlántico la presencia de grupos ilegales que responden a organizaciones armadas como el clan del Golfo. En estos sitios los periodistas más vulnerables son aquellos que hablan de temas judiciales y orden público, como hurtos y homicidios.
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La modalidad que suelen utilizar estos actores violentos es abordar a periodistas en espacios físicos, también los intimidan con panfletos en sus residencias y lugares de trabajo o con llamadas telefónicas. En lo que va de 2023 se registraron 20 amenazas en entornos virtuales como las redes sociales en las que los mensajes van acompañados de emoticones (calaveras, ataúdes, cuchillos y cruces), amenazas a familiares o fotografías de ellos en algún lugar público.
Para representar el impacto de las amenazas, la Flip abordó dos casos de ataque de la prensa. El primero en Bogotá contra el periodista Daniel Samper Ospina y el segundo en El Plato, Tolima, contra el comunicador Cristian Cabrales.
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En el caso de Daniel Samper, la organización señaló que las amenazas se dan principalmente online en sus redes sociales y correo electrónico, donde a diario recibe mensajes insultantes. Hicieron especial énfasis en dos amenazas que recibió el periodista los días 5 y 24 de mayo en su Instagram y correo.
“En uno de los mensajes amenazan con golpearlo por estar ‘difamando de Petro con argumentos tan falsos’; y, en el otro mensaje, le dicen que esperan ‘su pronta muerte’ y que ‘debería estar preso como los uribestias’”, puntualizó la Flip.
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En el caso de Cristian Cabrales, las intimidaciones han sido en persona. La organización detalló que un día le periodista “fue abordado por una persona en moto, quien le mostró un arma mientras le decía que le convenía mejor estar callado”. Además, el 2 de mayo recibió una llamada en la que le dijeron que para evitarse problemas debía borrar una publicación que hizo sobre los más buscados por la Policía; Cristian eliminó el contenido por miedo a las consecuencias.
Ante esto, la Flip señaló en su informe que las intimidaciones a la prensa no sólo provocan censura, silencio o desplazamiento, temas delicados en una sociedad demócrata, sino que también tiene “profundas consecuencias psicológicas en los periodistas”.
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“Es necesario que de cara a las elecciones de este año el Estado se concentre en prevenir y sancionar la violencia contra la prensa y que los líderes políticos, candidatos, funcionarios y servidores públicos entablen discursos en los que respalden el trabajo de la prensa”, recomendó la organización en su comunicado.
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