
Un total de 103 reclusos fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí hacia otros penales del país, en un movimiento que encendió dudas sobre el futuro de la mesa de paz urbana de Medellín y el Valle de Aburrá, instalada durante el gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, en las últimas horas se habría solicitado el traslado de varios internos que participaron en el espacio de conversación sociojurídico y que, durante los últimos años, fungieron como voceros de estructuras delincuenciales en ese proceso.
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El movimiento se produjo este 7 de agosto, día de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Hacia el mediodía, una caravana encabezada por un bus del Inpec salió de la cárcel de máxima y mediana seguridad de Itagüí con un grupo de ocupantes cuyas identidades no fueron informadas oficialmente.
Más tarde, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que fueron 103 los internos trasladados a cárceles ubicadas en ciudades como Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada y El Barne.

Traslados en medio del cambio de Gobierno
El traslado ocurre en un momento sensible para el proceso de paz urbana. Según el reporte, entre los reclusos reubicados estarían algunos cabecillas de grupos delincuenciales organizados del Valle de Aburrá, incluidos alias Carlos Pesebre y alias El Indio.
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Sin embargo, el Inpec no había entregado información oficial detallada sobre la resolución que dio paso a los movimientos. El Tiempo consultó a fuentes de la entidad, pero la respuesta fue que todavía no existía un reporte formal sobre los pormenores de la decisión.
La senadora Isabel Cristina Zuleta, quien fue jefa de la delegación del gobierno Petro en el espacio de diálogos sociojurídicos, también fue consultada sobre los traslados. Su respuesta fue breve: “No sé nada al respecto”.
La parlamentaria tampoco confirmó si la reubicación de voceros de la mesa de paz urbana representa el final oficial del proceso. Esa incertidumbre crece porque, en las últimas 24 horas, la delegación emitió varios comunicados con tono de balance y despedida.
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Delegación pidió no perder lo avanzado
En esos textos, la delegación de paz urbana destacó avances del proceso, el reconocimiento de las víctimas, la metodología de trabajo y los pendientes para consolidar una política de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá.
Uno de los comunicados resaltó avances institucionales, entre ellos los lineamientos normativos para el programa Barrios y Veredas de Paz, con incidencia en Medellín, Bello y a nivel nacional mediante el Decreto 1470 de 2024.
El cierre de los textos dejó una frase que aumentó las especulaciones sobre el futuro del espacio: “La paz urbana es posible y necesaria. No dejemos que se pierda lo avanzado”.
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La delegación ya le había pedido al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella dar continuidad al proceso iniciado en 2023 en la cárcel de Itagüí. Esa solicitud fue presentada en junio, cuando surgieron versiones sobre una posible terminación de los diálogos.
En ese momento, la delegación afirmó que el espacio estaba dispuesto a realizar un empalme con el nuevo Gobierno, dentro de los tiempos y procedimientos definidos por la ley y los protocolos del proceso.
Por ahora, los traslados dejan más preguntas que respuestas. La salida de 103 presos de Itagüí marca un giro fuerte en el escenario carcelario y abre la discusión sobre si la nueva administración mantendrá, modificará o cerrará definitivamente la mesa de paz urbana.
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