ONU manifestó preocupación por expansión de grupos armados ilegales en Huila

Tras un encuentro con autoridades locales y comunitarias de Huila, la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Juliette de Rivero, manifestó su preocupación por la creciente expansión de grupos armados ilegales en diferentes zonas del departamento.

Al respecto, dialogó sobre la crisis que se vive en los territorios con el gobernador Luis Enrique Dussán y el secretario de Gobierno Mauricio Muñoz. Dijo que hay una grave situación de derechos humanos en esa zona del suroccidente colombiano y por ello hizo un llamado a las entidades locales como al Gobierno nacional para reformar la presencia estatal.

Incluso, advirtió sobre una escalada de dinámicas como el reclutamiento forzado, así como otras prácticas de control social que generan zozobra en las comunidades. En ese sentido, recordó a los entes locales la obligación que tiene el Estado “de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”; de igual manera, recomendó desarrollar acciones y políticas de protección entre los gobiernos local y nacional para protección de las poblaciones en zonas urbanas y rurales.

Por otra parte, mencionó las obligaciones que tienen entidades estatales y departamentales en proteger la vida de líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, así como los procesos organizativos en Huila ante la escalada de violencia.

Actualmente en esa zona están presentes disidencias de las extintas Farc, especialmente cuatro estructuras: la Dagoberto Ramos y los frentes Alfonso Cano e Ismael Ruiz que, si bien tienen predominancia en Cauca, también transitan por Huila y algunos municipios de Tolima como Planadas. También están presentes integrantes del frente Vladimir Stiven con predominancia en Meta pero con actividades delictivas como el secuestro y la extorsión en el departamento visitado por de Rivero.

Sobre esto, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp/OEA) advirtió en el 34° informe del secretario general de este organismo al consejo permanente sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado con las antiguas Farc, que se llevaron a cabo nueve misiones técnicas por parte de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) para abordar la atención de escenarios de riesgo a la seguridad de comunidades étnicas en cuatro departamentos, incluyendo Huila.

La misión señaló que pese a las labores de acompañamiento, continúan hechos violentos contra personas que denuncian hechos delictivos en sus territorios que afectan no solo a las comunidades que allí habitan, sino la implementación de estrategias como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la restitución de tierras.

De otro lado, la secretaria de Rivero sostuvo reuniones con el alcalde de Tello (Huila), José Córdoba, y Smith Duarte, secretaria de Paz de la Alcaldía de Neiva. También se reunió con la defensora del Pueblo regional, Johana Elena Rojas, para hablar sobre las alertas tempranas 010-2023 del 9 de marzo, y 018 del 17 de mayo del mismo año.

En ambos documentos, le fue señalado al entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, “la inminente situación de riesgo de vulneración a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que enfrentan aproximadamente 13.000 personas residentes en los corregimientos Río Ceibas y Vegalarga, del municipio Neiva”, así como en zonas aledañas rurales de Tello y Baraya, zona rural de Huila.

La funcionaria también habló con representantes de organizaciones campesinas de los municipios mencionados en las alertas tempranas, y con comunidades de San Vicente del Caguán (Caquetá) y envió un mensaje de apoyo en la defensoría de derechos humanos. También reiteró su compromiso de seguir acompañando los procesos que se llevan a cabo en esas zonas para la construcción de paz.