Presidente Petro propone que los servicios públicos sean manejados por las comunidades y recibe fuertes críticas de las empresas

Recientemente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, participó en varias marchas convocadas por él mismo para respaldar las reformas en curso en el Congreso de la República.

Durante su discurso, el mandatario aprovechó la ocasión para dar indicios sobre los proyectos que presentaría durante el próximo periodo legislativo en el Congreso, anunciando cambios significativos en varios sectores clave del país.

Uno de los temas que sigue afectando el bolsillo de los ciudadanos es el precio de los combustibles. En este sentido, el Gobierno buscaría eliminar gradualmente los vehículos impulsados por gasolina o diésel, como parte de las tareas de la transición energética.

Uno de los sectores que se vería afectado por estas reformas es el de los servicios públicos. Desde hace algunos meses, se han conocido las opiniones de Gustavo Petro sobre el monopolio en la prestación de dichos servicios en el país, así como sobre el control de precios en esta área.

La propuesta del Gobierno tiene como objetivo cambiar la forma en que se brindan estos servicios. Sin embargo, algunas propuestas, como la idea de asignar la responsabilidad de proveer dichos servicios a las comunidades en lugar de a empresas con conocimiento técnico, han generado incertidumbre en el sector.

Durante el último congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), el gremio discutió la propuesta del presidente Petro y le envió un mensaje contundente.

“Todos estamos de acuerdo en la necesidad de actualizar la ley de servicios públicos”, afirmó inicialmente Camilo Sánchez, presidente de Andesco, quien criticó una de las propuestas del Gobierno de democratizar los servicios públicos para que sean gestionados por las comunidades.

Esto implicaría que las comunidades serían responsables de la recolección de basura o de generar su propia energía, evitando que las ganancias terminen en manos de empresas.

Ante esto, el director de la asociación respondió al mandatario asegurando que primero se debe determinar, a través de un proceso técnico, si las comunidades realmente pueden llevar a cabo estas tareas.

En cuanto a los límites que el Gobierno no debería traspasar en medio de la reforma de los servicios públicos, Sánchez señaló la importancia de tener en cuenta las fuentes de financiamiento que permitirán cumplir las metas de transición energética. Además, advirtió que la designación de funcionarios en organismos reguladores debe ser adecuada para garantizar su independencia.

Por su parte, Mónica Contreras, presidenta de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), en su discurso afirmó que “las empresas de servicios públicos aquí reunidas no estamos en contra de una revisión para introducir mejoras en la legislación actual, pero nos preocupa que se desconozcan las inversiones, el trabajo y los resultados que se han logrado en los últimos 30 años, argumentando que nuestro único interés ha sido llenar el bolsillo de nuestros accionistas”.

Agregó que el trabajo de las diferentes empresas de energía ha logrado aumentar la cobertura en el país durante décadas. Gracias a las inversiones realizadas, aproximadamente, 16 millones de hogares tienen acceso a la electricidad, lo que representa una cobertura del 98%. Esto se ha logrado a través de inversiones que superan los 17 mil millones de dólares destinados al desarrollo de infraestructura y proyectos para generar más energía.

En cuanto al gas natural, Contreras indicó que la cobertura en los hogares es del 68%. En cuanto al acceso a tecnologías de información y televisión, mencionó que el acceso es del 60.5% y 73%, respectivamente.

En relación con el suministro de agua potable, Contreras mencionó que la cobertura a nivel nacional es del 93%, alcanzando el 98% en áreas urbanas y el 74.5% en zonas rurales. Respecto al servicio de recolección de basura, comentó que la cobertura nacional es del 82.8%, siendo necesario aumentarla en las zonas rurales.

Finalmente, la intervención concluyó con una solicitud al Gobierno de tender puentes en lugar de levantar barreras.

“Esta es la invitación que queremos hacerle hoy al Gobierno Nacional, recordando que debemos poner al usuario en el centro de nuestras acciones, preservando la viabilidad financiera de todas las empresas que participan en el sector, tanto públicas como privadas, para lograr las inversiones que Colombia necesita para cerrar las brechas, conectar más territorios y generar prosperidad colectiva”, concluyó Contreras.