
Sigue la novela tras la suspensión de Carlos Hernán Rodríguez como contralor general de la República. En las últimas horas, él mismo emprendió una acción de tutela para que el Consejo de Estado anule el fallo que lo sacó del cargo. Dentro de sus pretensiones está, entre otras cosas, que se vuelva a realizar el proceso y él pueda participar.
La tutela fue radicada ante la Sala Quinta del tribunal, donde se asegura que el fallo que sacó de la Contraloría General a Rodríguez, supuestamente, vulneró sus derechos fundamentales y por eso solicitó que lo determinado por los magistrados se anule y él pueda terminar las funciones para las que lo eligió el Congreso de la República.
Algunos de los derechos que, dice Rodríguez le fueron anulados, estuvo el “ser elegido y a acceder a cargos públicos (art. 40 CP), al debido proceso (art. 29 CP) y al acceso efectivo a la administración de justicia (art. 229 CP)”, señala la tutela en el aparte de medidas de protección constitucional a su favor.

Tras describir los perjuicios que está viviendo tras la decisión del Consejo de Estado, Rodríguez aseguró que que se debe “dejar sin efecto” el fallo de la Contraloría y, cuanto antes, dejarlo volver a presidir el mayor órgano de control fiscal del Estado colombiano.

Para sustentar sus argumentos, el destacado funcionario que emprendió una batalla judicial para que lo dejen en el cargo, aseguró que los magistrados del Consejo de Estado debían valerse de lo que dice la Constitución para tomar una última palabra frente a su elección.
Dice, además, que el proceso con el que él llegó a esa dignidad, no incidieron en que él fuese elegido, pese a que la demanda que lo sacó del cargo, interpuesta por los congresistas Jennifer Pedraza y Cristian Avendaño, decía que hubo vicios de trámite por parte de las directivas del Senado y Cámara.
Inclusive, se atrevió a cuestionar lo decidido por los magistrados del Consejo de Estado, de quienes dice tener “dudas razonables sobre los argumentos utilizados por la Sección Quinta del Consejo de Estado para declarar la nulidad de mi elección” y, dice, lo fallado por los magistrados, supuestamente, violaría la carta magna colombiana.

“No es constitucionalmente admisible que a una persona se le restrinja su derecho a acceder a cargos públicos cuando no existe plena certeza de que la autoridad judicial procedió correctamente al limitarlo”, señaló Rodríguez.
Finalmente, cuestiona que el fallo del Consejo de Estado orden rehacer el concurso para elegir al nuevo jefe de la Contraloría. Dice que, si más adelante se comprueba que se violaron sus derechos, se habría perdido el tiempo.
Esto se conoce luego de que la defensa de Carlos Hernán Rodríguez recusó a la magistrada del Consejo de Estado Rocío Araújo Oñate quien estaría inhabilitada para tomar este caso porque su hermana había estado en el tribunal cuando la demanda contra Rodríguez llegó a sus estrados. El Consejo de Estado negó esas pretensiones.
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