Fiscalía acusó formalmente a Andrés Escobar por disparar contra civiles durante el paro nacional de 2021

En la tarde del jueves 8 de junio, la Fiscalía General de la Nación anunció la acusación formal contra cinco civiles, entre ellos Andrés Escobar, y cuatro agentes de la Policía involucrados en el uso de armas de fuego contra manifestantes durante las protestas del paro nacional en Cali durante 2021.

Los señalados, de acuerdo con las pesquisas del ente de control, al parecer hicieron disparos contra las personas que se movilizaban en las calles del sector Ciudad Jardín, al sur de la ciudad, mientras que otros uniformados habrían torturado a un estudiante universitario dentro de aquellas movilizaciones.

“Los elementos de prueba dan cuenta de que los particulares habrían disparado armas traumáticas de manera desproporcionada en contra de varios ciudadanos que se movilizaban por vía pública”, indicó la entidad dirigida por Francisco Barbosa en un pronunciamiento. Así las cosas, los policías acusados fueron Diego León Quiroz Arroyave, Andrés Felipe Chicaiza, y Francisco y Juan Antonio Córdoba García.

De acuerdo con la Fiscalía, son investigados por los delitos usurpación de funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. Por otra parte, Rafael Andrés Escobar González fue acusado formalmente por los delitos amenaza agravada, usurpación de funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.

El miércoles 7 de junio, la jueza Tercera Penal del Circuito de Cali avaló la acusación hecha contra el actual candidato al Concejo de esa ciudad por hechos ocurridos el 28 de mayo de 2021, cuando habría disparado con un arma (según él, de fogueo) contra manifestantes en Ciudad Jardín.

Para ese entonces, el influenciador en redes sociales se hizo famoso por aparecer empuñando un arma y desenfundarla contra civiles que marchaban. Estos a su vez arremetieron contra efectivos de la Policía Nacional que repelían el ataque al mencionado sector.

En febrero de 2023, el candidato, con el aval del Centro Democrático, respaldado por la senadora María Fernanda Cabal, aseguró en diálogo con Caracol Radio que no se arrepentía del actuar por el que es investigado.

“No me arrepiento de lo que hice porque acudí a un llamado de auxilio de la ciudadanía, y de la Policía en un momento de mucho pánico y mucha zozobra. Realmente es algo que muchos ciudadanos en mi lugar hubieran hecho; simplemente no fui indiferente a una situación de extremo peligro que se presentó en la comuna 22, el día 28 de mayo de 2021″, aseguró Escobar González.

Ese no fue el único hecho reciente por el cual generó polémica. A mediados de mayo, el imputado, en medio de su correría electoral, mostró una supuesta acreditación como integrante de una organización defensora de derechos humanos canadiense denominada Canadian Human Rights International Organization. Sin embargo, momentos después fue desmentido desde la propia oenegé.

“Es necesario impedir que sigan expropiando todo, discursos y narrativas que por años asumieron que lo de todos nosotros les pertenece exclusivamente a ellos y llevaron a desnaturalizar aspectos tan fundamentales como los derechos humanos y sus mecanismos de protección”, aseveró Escobar en un trino que incluyó su supuesto carnet como defensor de derechos humanos.

Horas después de su publicación (eliminada por el investigado), la organización Chrio compartió un comunicado en el que señaló que Andrés Escobar no era representante suyo en ningún lugar del mundo, al parecer porque habrían decidido retirarlo de la misma.

“(...) La particularidad de las personas en actos que pongan en riesgo la credibilidad de la Organización Chrio, por la violación de Estatutos Corporativos y de confidencialidad, la organización aplica los procedimientos de retiro de cualquier voluntario que haya trasgredido o utilizado su nombre, siglas, prendas, membretes y enlaces de redes sociales lo que es la apropiación de consignas corporativas como el uso del carnet y hashtags de Chrio para fortalecer opiniones o actuaciones particulares sin ninguna autorización o aval”, mencionó la oenegé en un comunicado firmado por José Alejandro Ramírez, director ejecutivo para la Región Pacífico.