Las mujeres en el campo se ven expuestas a precarización laboral y violencias basadas en género

El 7 de junio se presentó el informe anual sobre la situación de la mujer en los espacios rurales. El documento reveló que esta parte de la población aún carece de acceso a los recursos destinados por el Estado, una situación crítica teniendo en cuenta los reclamos de este sector social.

El documento fue elaborado por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Es el tercero de su clase realizado por los organismos constitucionales donde se fijan los avances en favor de las mujeres rurales.

El centro del informe gira en torno a la ejecución de los proyectos productivos para este sector de la población campesina, con el fin de implementar enfoque de género en las intervenciones estatales en las áreas rurales. En la presentación del texto no solo asistieron los delegados de cada organismo, sino también una delegación de mujeres campesinas de Cundinamarca.

Durante su intervención, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió sobre la baja participación de las mujeres en mercado laboral, lo que repercute en mayores niveles de pobreza. La situación resulta particularmente crítica para quienes fungen como cabeza de familia.

Por su parte, desde la Procuraduría se emitieron recomendaciones para la incorporación de del enfoque de género, así como para generar medidas las mujeres rurales. Entre las cuales se encuentra: el acceso a la tierra, a créditos, financiación para proyectos productivos, así como el fortalecimiento de los procesos de participación y garantías de seguridad.

“Es necesario que las entidades planeen, ejecuten y realicen seguimiento, que logren el goce efectivo de los derechos desde el enfoque de género. Por eso, el llamado es a redoblar esfuerzos en la construcción de políticas públicas, leyes y programas que garanticen los derechos de las mujeres rurales, de manera real, material y efectiva.”, se indica en el informe por parte del Ministerio Público.

Mientras tanto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, destacó que las barreras en la igualdad de género en el ámbito rural cuenta con avances, no obstante, la persistencia de brechas continúan estando presentes en la generación de ingresos, así como en la persistencia de las violencias basadas en género.

Entre las recomendaciones presentadas en el texto se encuentra la implementación a nivel nacional de los proyectos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de forma que, se garantice la seguridad alimentaria y posibilidad de participar en los circuitos económicos campesinos, para lo cual es necesario aumentar la cobertura.

Así mismo, debido a la precarización actual que sufren las mujeres rurales, se pide al Gobierno nacional considerar la posibilidad de que la financiación a los proyectos productivos llegue al 100%. Mientras que el llamado a las autoridades departamentales y municipales es de fomentar y fortalecer los canales de distribución de la oferta pública.

Se alertó de la existencia de un subregistro sobre la situación de los sujetos de especial protección constitucional, tales como personas en situación de discapacidad, personas LGBTIQ+, Narp (Negros, Afro, Raizales, Palaqueros), Rom, entre otras. Pues la falta de información obstaculiza las tareas de formulación de políticas que permitan priorizar la intervención social.