Al menos 300 familias en chocó han dejado sus hogares por enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo

En las últimas horas el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, lanzó un urgente llamado a las autoridades nacionales y departamentales, ante los recientes hechos de violencia producto de los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que se vienen desatando desde el pasado 21 de mayo en varias zonas de los municipios de Sipí y Nóvita, en el departamento del Chocó.

Según la defensoría, se trataría de al menos 300 familias afro e indígenas que estarían dejando sus territorios en la subregión del San Juan. Unas 1.500 personas que se han movilizado hasta las cabeceras municipales por temor a quedar en medio del fuego cruzado que se presenta entre los grupos armados. “Desde la Defensoría del Pueblo estamos acompañando a las comunidades chocoanas de Charco Largo, Barrancón, Barranconcito, Charco Hondo, en zonas apartadas de Sipí, que fueron desplazadas hacia la cabecera municipal de Istmina; y a las comunidades de Santa Bárbara, Cajón, San José y Torrá, de la zona rural de Nóvita, que fueron desplazadas hacia el casco urbano del mismo municipio de Nóvita”, afirmó el Defensor del Pueblo recientemente.

Felipe Orejuela, líder comunitario, asegura que los grupos armados han ejercido presiones sobre las familias que los han obligado a salir de forma masiva del territorio. “Después que anunciaron un paro armado indefinido, le dicen a la comunidad que deben salir sí o sí, porque si no salen asumirán las consecuencias porque van a atacar el pueblo; entonces es una situación muy complicada y la única forma de salir es por una vía, y con esta amenaza, hay que evacuar; ya muchas familias iniciaron a irse”, manifestó el representante.

Por su parte, la junta directiva del Consejo Comunitario General del San Juan-Acadesan, por medio de un comunicado, informó que “las comunidades no tienen otra opción que desplazarse a cabeceras municipales porque no se cuenta con casas comunitarias en territorio que puedan servir de albergue temporal”.

Sumado a las amenazas contra la vida de la comunidad, existe otra problemática que aqueja a la subregión. Según reveló la Defensoría, muchas familias no han podido evacuar la zona por el temor de ser alcanzados por posibles enfrentamientos, además porque no cuentan con los recursos económicos para llegar hasta las cabeceras municipales de Nóvita e Itsmina. “La vulneración de derechos humanos a estas comunidades étnicas es rechazada tajantemente por la Defensoría del Pueblo, toda vez que hemos venido advirtiendo a través dos alertas tempranas vigentes, la 012 del 2022 para Sipí y la 027 del 2021 para Nóvita, las problemáticas derivadas por la disputa del control territorial de los grupos al margen de la ley, como confinamiento y desplazamientos masivos”, aseguró Carlos Camargo.

El defensor también hizo un llamado a los organismos correspondientes a actuar de forma rápida ante el desplazamiento masivo de familias: “Debido a la compleja situación que está a punto de desbordar la capacidad de las entidades locales, exhorto a las autoridades nacionales y departamentales a tomar las medidas pertinentes para mitigar las carencias humanitarias de las comunidades étnicas afectadas, en las que se apliquen los principios de coordinación, subsidiaridad, concurrencia y complementariedad”.

Entre tanto, las familias que ya se encuentran en las cabeceras municipales se han enfrentado a la escasez de albergues transitorios dónde pasar la emergencia, por lo que se han visto vulnerados en sus necesidades básicas como la alimentación y el acceso a agua potable.

Por su parte, desde Acadesan se lanzó una alerta que involucra a la comunidad afro de la zona: “Reiteramos que las comunidades negras que hacen parte de Acadesan están en un proceso de extinción física y cultural (etnocidio) como consecuencia del conflicto armado y de las violaciones masivas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

Las reacciones no se hicieron esperar y congresistas como Astrid Sánchez Montes de Oca, Representante a la Cámara por Chocó, aseguró que el actuar del ELN y el Clan del Golfo va en contravía del interés por un acuerdo de paz. “Esa manera de arrinconar a la población civil, de cometer actos terroristas, nos demuestran que no hay interés de diálogo; nosotros siempre estamos en desventaja; nunca hemos podido superar esta situación porque siempre estamos confinados y/o desplazados; por ello, pedimos al Gobierno que aceleren los diálogos de paz” aseguró la representante.

Por ahora, funcionarios de la regional Chocó de la Defensoría del Pueblo hacen seguimiento a los dos eventos masivos, además de acompañar a las familias desplazadas, que tuvieron que salir de sus lugares de origen porque el ELN las amenazó diciéndoles que no pueden estar en los territorios en disputa porque se van a agravar las hostilidades.