Corte Constitucional podría revivir un millonario pleito por el barrido en las calles de Bogotá

Un millonario pleito por el barrido de las calles de la capital colombiana fue resuelto en septiembre de 2022, luego de que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá anulara el laudo que un Tribunal de Arbitramento había fallado en favor de Promoambiental Distrito S.A.S. ―un operador de aseo― en noviembre de 2021. Sin embargo, el pleito podría revivir en la Corte Constitucional.

Aquella decisión ordenaba el pago retroactivo a esa empresa de la tarifa recaudada entre marzo de 2018 y febrero de 2020 y corregir la distribución del dinero, que proviene de los recursos de los bogotanos que pagan por el servicio de aseo en la ciudad. Los otros operadores (Lime S.A., Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia) señalaron que esto causaría un detrimento de alrededor de 118.000 millones de pesos y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) advirtió que se pondría en riesgo el sistema de recolección de residuos.

Por eso, los abogados de Lime le pidieron la anulación del laudo a la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, que procedió a hacerlo bajo el argumento de que un Tribunal de Arbitramento no era competente para decidir sobre el litigio entre Promoambiental y Proceraseo, debido a que el pleito “quedaría reducido a lo que decidan los árbitros careciendo de competencia, lo cual sin duda afecta el debido proceso”.

“Se forzó un enfoque societario de un litigio distinto, claramente identificado con áreas diferentes a aquello que puede ser arbitrado, para llevar ante esos juzgadores ad-hoc lo que está por fuera de los estrictos límites de la cláusula arbitral”, señala el fallo además.

Promoambiental interpuso una acción de tutela en contra de la decisión del Tribunal de Bogotá ante la Corte Suprema de Justicia, pero fue denegada en 2023. Ahora, el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares pide que se revise nuevamente esa tutela. “El objeto de la tutela no es establecer una mayor o menor tarifa para los ciudadanos; es simplemente definir si los árbitros en un tribunal de arbitramento pueden ser revocados en su decisión”, comentó Humberto Sierra Porto, abogado de Promoambiental, para el noticiero CM&.

La decisión de seleccionar o no esa tutela está en manos de los magistrados Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel.

¿A qué se debe el conflicto?

La discusión se centra alrededor de cómo debería ser distribuida la bolsa del barrido de la ciudad, que se estima en unos 17.000 millones de pesos. Promoambiental, que se encarga de la zona 1 de la capital ―la zona oriental― reclama que el cálculo se debería hacer por kilómetros recorridos, pues el área que le corresponde es de las más grandes, pero con menos densidad poblacional; según está establecido actualmente, cada operador debe barrer el área que tiene encargada y cobrarles a los usuarios que viven allí.

En contraparte, los otros operadores y Proceraseo ―que hace el recaudo y ordena cómo distribuir el dinero― aseguran que Promoambiental estaba barriendo más de lo que le pide el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pgirs), en el que se definieron los alcances de las áreas de servicio exclusivo de aseo.

“La tarifa no va a cambiar y el servicio no va a cambiar; lo único que va a cambiar es el esquema de distribución del dinero recaudado y a cada prestador se le va a tener que pagar en función del servicio realmente prestado”, dijo Tomás Mendoza, representante legal de Promoambiental, en julio de 2022.

Según Alejandro Carranza, gerente de Proceraseo,“en Bogotá se está cobrando más por el barrido porque estos señores (de Promoambiental) no quieren respetar lo licitado, lo contratado y empezaron a barrer más”. Además, aseguró que Promoambiental ha facturado más kilómetros barridos de los autorizados por el contrato, pero que eso no significa que esté recolectando más desechos.

“Hemos encontrado que esos supuestos kilómetros que se triplican por fuera de lo contratado y que se facturan y se cobran abusando de la facultad tarifariano llegan al relleno Doña Juana. Bogotá está pagando tres veces más porque recojan aire”, dijo Carranza.