El 17 de mayo, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, recibía una buena y mala noticia, la primera, que el Tribunal Superior de Bogotá negó la medida detención domiciliaria que pidió la Fiscalía en el proceso de presunta corrupción por la construcción de la megabiblioteca en el colegio Normal Distrital San Pedro Alejandrino de Santa Marta. La segunda noticia, fue que la Contraloría le abrió un nuevo proceso por otra presunta responsabilidad fiscal por irregularidades en el manejo del sistema de regalías: el daño se estima en $8.547 millones.
Según un documento conocido por Colprensa, la Contraloría advierte que habrían existido presuntas irregularidades e incumplimientos al contrato, cuya finalidad es “mejorar las capacidades de Ciencia y Tecnología para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el Departamento del Magdalena”.
Entre los hallazgos del órgano de control está que habría existido una inobservancia al principio de planeación y del servicio, pues se compraron equipos para el funcionamiento de laboratorio de salud sin contar con la infraestructura para ello. Sumado a una falta de obras por negligencia en los tiempos estipulados.
Las razones para vincular a la investigación al gobernador Caicedo orbitan en que este no respondió al envío de pruebas documentales necesarias para el proceso y la solicitud no se atendió dentro del término estipulado, que le hizo la Contraloría:
También se advierte que se podría estar frente a un daño patrimonial al Estado, porque “no se cumplieron los cometidos y los fines esenciales del Estado, de poner en funcionamiento y operatividad los laboratorios para el servicio de la comunidad”.
La Contraloría anunció una visita a la gobernación y citar en versión libre al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y los cuatro funcionarios, entre los que están Jenny Camacho, jefe de la oficina de contratación de la gobernación; Julio de Jesús Salas, secretario de salud del Magdalena; Ernesto Amaru, representante legal de la universidad del Magdalena; y Maritza Rondón, representante legal de la corporación Universitaria de Colombia seccional Santa Marta.
Esta apertura de responsabilidad fiscal se conoce durante la diligencia que también se lleva contra Carlos Caicedo, en el conocido ‘robo del Magdalena’, en el que presuntamente el actual gobernador es presuntamente responsable de las irregularidades en la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino, por valor de 10.000 millones de pesos.
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