
Pablo Beltrán, jefe negociador y miembro del Comando Central del ELN, señaló que la molestia de la delegación insurgente de las palabras del presidente fueron porque los relacionó con el narcotráfico. Asegura que su estructura no tiene ninguna relación con el negocio de los estupefacientes, nada más que el cobro de impuestos a esa economía.
“Si viene el presidente y le dice a los generales que nosotros somos un grupo no político como el Clan del Golfo entonces toda la negociación se va al traste. Esta mañana veía yo que un expresidente decía que si el ELN son narcotraficantes, entonces sométalos. Entonces el problema está en que hay que hacer caracterizaciones precisas para que haya procesos políticos claros. Eso es lo que enreda las declaraciones del presidente”, sostuvo Beltrán.
El mandatario desató una nueva crisis en la mesa de conversaciones con esa guerrilla, al decir que de los tiempos de Camilo Torres solo conservaban la bandera. Señaló que los frentes giraban en torno a las economías ilícitas que “son su razón de ser”, base del conflicto contrario a la ideología. Esas declaraciones significaron, para los elenos un desconocimiento a sus principios políticos, estatus clave para establecer negociaciones de paz.
El ELN, desde hace varios años, ha negado tener cualquier vínculo con el narcotráfico pese a que tienen presencia en zonas, como el Catatumbo, con grandes extensiones de cultivos de uso ilícito. El 28 de abril, la Policía Nacional informó de la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en Tibú, Norte de Santander, con capacidad para producir dos toneladas mensuales y en el que se hallaron 4.765 kilos en estado sólido.
Según las autoridades, el laboratorio era propiedad del ELN y parte de sus finanzas. Pero desde esa organización reiteran que no realizan ninguna actividad relacionada con el narcotráfico.
“Nadie, de los organismos que llevan seguimiento a esto, ha dicho que el ELN es un cartel. Ni siquiera los más adversarios nuestros que son los del norte. Eso es una realidad. Nosotros hemos dicho que tenemos una política de deslinde con el narcotráfico, prohibimos a nuestra gente procesar, comerciar, exportar y, el que hace eso, le cae la ley nuestra porque nosotros tenemos normas para eso”, señaló Beltrán.
El jefe de la delegación de diálogos confirmó que su intervención en el negocio del narcotráfico es el cobro de impuestos en zonas de producción, que se realiza a los comerciantes que van a comprar la pasta base de cocaína. “Consideramos que así como se le cobra a la industria petrolera, a una cementera, a un comerciante, el ELN cobra esos impuestos porque en últimas su presencia en esas zonas brinda un cierto margen de seguridad y orden público. Con base en ese estado de cosas es que el ELN cobra impuestos en cada parte”, sostuvo.
Para la guerrilla, las llamadas economías ilícitas no son un problema estructural del conflicto armado colombiano, sino que esta ha sido una imposición de posiciones políticas norteamericanas desde el establecimiento de la lucha contra las drogas y una narrativa del capitalismo. Incluso que las estructuras violentas que mantienen esas estructuras tienen relación con el “régimen”.
“La narrativa que la legitimidad de la lucha insurgente acabó con la desmovilización del M-19 es soberbia y desconocedora de la realidad. La narrativa de que todo el problema de Colombia son las “economías ilícitas” enmascara los problemas políticos y sociales estructurales”, señaló la delegación del ELN.
Esa contradicción llevó a la delegación de diálogos de la insurgencia a solicitar una pausa en las conversaciones para establecer claridades. Durante ese tiempo no se avanzará en los temas dispuestos en la agenda, sino a responder las dudas que plantean las informaciones contrarias entre el Gobierno nacional y la delegación oficial en la mesa.
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