Gustavo Petro insiste en convocar el Consejo de Política Criminal por impunidad judicial: “Tenemos criminales con poder político”

El presidente Gustavo Petro citó al Consejo Superior de Política Criminal a raíz de la denuncia de supuestos encubrimientos al Clan del Golfo por parte del fiscal Daniel Hernández. El presidente pretendía que allí se discutiera el tema, pero la situación pasó a pronunciamientos públicos que deterioraron la relación entre el mandatario y el jefe del ente acusador Francisco Barbosa. El mandatario, sin embargo, insistió en que hay sectores de la justicia cooptados por la mafia.

Petro le pidió al ministro de Justicia, Néstor Osuna, que convocara al Consejo Superior de Política Criminal para discutir la denuncia de una presunta negligencia del fiscal Hernández en el homicidio de 200 personas. El fiscal Barbosa rechazó el señalamiento del presidente y lo responsabilizó de lo que pudiera ocurrirle por “lapidar” al funcionario judicial. La respuesta del jefe de Estado desató una crisis institucional.

Tras la captura del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Pretelt, quien fue condenado por el delito de concusión al exigir dinero a cambio de favorecer a implicados en los procesos, el presidente insistió en que se evalúe el funcionamiento judicial y sus miembros.

“La justicia decente ha capturado al exmagistrado Pretelt, representante de la extrema derecha dentro de la justicia pero también criminal por su accionar. El magistrado criminal que supuestamente acaparó ilegalmente tierras, abaratadas por el paramilitarismo, nos muestra de frente un tema central de nuestro país: La cooptación de sectores de la justicia y del Estado por el crimen, y la impunidad como eje central del fortalecimiento del delito”, sostuvo el mandatario.

El mensaje tiene una estrecha relación con la denuncia en contra del fiscal Hernández, sobre las que el presidente dice que se ha guardado silencio en la Fiscalía. En un comunicado señaló que es un funcionario cercano al exfiscal Néstor Humberto Martínez y al actual, Barbosa, y se mantiene en su cargo pese a que fue imputado por prevaricato y presuntamente habría amenazado a un testigo de Odebrecht.

“Inicié mis debates parlamentarios precisamente demostrando la cooptación de la cúpula de la fiscalía de Luis Camilo Osorio por el paramilitarismo. Allí encontré como funcionaba esa maquinaria entre los ejércitos del narcotráfico y su protección y uso por sectores del poder político y del Estado. La amplificación del crimen y del genocidio en el país tiene como origen la articulación entre organizaciones criminales y parte del Estado y la política. Tenemos criminales con poder político”, sostuvo el presidente Petro.

El jefe de Estado señaló que “el efecto de un régimen así son los altos niveles de impunidad que hacen descreer de la justicia y expanden en el tiempo una violencia sin límites”. Aseguró que su gobierno debe tener como prioridad derrotar la ausencia de efectividad de la justicia.

Esa instancia es presidida por el ministro de Justicia y la integran también el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el fiscal General de la Nación, la procuradora General de la Nación, el defensor del Pueblo, el director General de la Policía Nacional, entre otros funcionarios.

El Consejo evalúa la política criminal y penitenciaria, emite conceptos sobre proyectos de ley, presenta recomendaciones sobre la estructura justicia penal para lograr mayor efectividad y, como clave, es encargado de promover el intercambio de información entre las entidades del Estado. La asistencia a las sesiones convocadas, por demás, es de carácter obligatorio e indelegable.

Tras el llamado de atención que le hizo la Corte Suprema de Justicia y que Petro atendió al retractarse de la subordinación del fiscal, se ha conocido que el mandatario buscaría reunirse con las cortes, pero sigue firme en cuestionar la labor de la Fiscalía.