Se puede o no consumir drogas en los parques y espacios públicos: la Corte Constitucional les dejó la responsabilidad a los concejos y asambleas

Una nueva noticia en relación con el porte y consumo de estupefacientes tuvo lugar en la Corte Constitucional, luego de que inicialmente se dejara en firme la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos y que había sido determinada por el Congreso de la República.

En este primer momento, la Corte señalaba la prohibición expresa de la conducta. Esta medida sería clave para cumplir su misión de proteger a los niños, niñas y adolescentes, para quienes están dispuestos este tipo de espacios públicos.

Sin embargo, en un plazo de tres meses, el Gobierno nacional tendría que expedir un nuevo protocolo, luego de que se considerara que la norma inicialmente planteada había sido establecida de manera abierta y general. Por ello, el alto tribunal levantó la solicitud, también, a los concejos distritales y a los concejos municipales con el fin de decretar regulaciones específicas para cumplir la norma.

Cabe recordar que esta decisión, inicialmente, había quedado constatada en la Ley 2000 de 2019 en la que se prohibía el consumo y porte de estupefacientes en parques o áreas de espacio público. No obstante, necesitaba que se señalara cuáles serían las áreas en las que iba a operar la medida.

La situación que habría debilitado la prohibición inicial

Juan Carlos Cortés habría presentado una ponencia en la Sala Plena donde mencionó que la restricción que estaba operando en relación con el consumo de estupefacientes en zonas de espacio público era “... desproporcionada, en sentido estricto”, según conoció El Tiempo.

Esto se debía, principalmente, a que según Cortés, no había una definición de los elementos mínimos que permitieran “... la limitación razonable y ponderada de dicha conducta”. Además, se añadía que también se habría tomado el cambio y la nueva solicitud respondiendo a las demandas de inconstitucionalidad que se establecieron contra la norma.

Es así que, según la Corte, tanto los concejos distritales como los municipales, en su cargo de representación y conocimiento de las condiciones de sus territorios, son quienes deben entrar a regular la situación. Allí, deberán condicionar el tiempo, el modo y las zonas para definir el consumo protegido constitucionalmente y que, en esta medida, no implique un riesgo para los menores de edad.

Solicitan firmas para que la regulación de uso de cannabis sea aprobado en el Congreso

A la par de la campaña “La mata no mata”, se suma una solicitud para que los ciudadanos firmen la petición en apoyo a la regulación del uso adulto en Colombia. La invitación señala:

“Firma para pedir al Congreso que regule el cannabis de uso adulto y se abandone la política de prohibición. Rompamos con el estigma y construyamos un futuro más saludable y próspero para todas y todos. Súmate a esta propuesta de #LaMataNomata, una plataforma ciudadana que apoya la creación de políticas desde la salud pública y la regulación para reducir las violencias y generar oportunidades de desarrollo en Colombia”.

Allí, la plataforma ya registra más de 156 firmas de ciudadanos que han votado a favor del proyecto fortalecido con la campaña. De hecho, hay quienes también han dejado comentarios:

“Le quitamos recursos a los asesinos, caminamos hacia la convivencia respetando la intimidad ajena y seguimos construyendo una sociedad menos hipócrita y sin doble moral”, “Porque me parece justo”, “No estoy de acuerdo con la criminalización del cannabis en un país donde el alcohol hace mucho más daño y es legal”, entre otros.

Más sobre el proyecto de ley: “Por medio del cual se regula el cannabis de uso adulto y se dictan otras disposiciones”

De acuerdo con el documento del proyecto que busca la regulación del cannabis en el país, se trata de un proyecto que propone crear un marco regulatorio que implicaría desde el manejo de la semilla, hasta el cultivo, transporte, almacenamiento, proceso, transformación, exportación, empaque, publicidad, comercialización, porte y consumo de la flor del cannabis, así como también de sus derivados.

En este sentido, también propone que el marco de regulación involucre: “... la incorporación de políticas de cuidado, derechos humanos y bienestar como componente esencial para la protección del usuario”.