Oposición denunció un largo listado de ‘micos’ dentro del Plan Nacional de Desarrollo

Varios congresistas de la bancada de oposición denunciaron un nutrido listado de ‘micos’ insertados en el Plan Nacional de Desarrollo presentado por la administración del presidente, Gustavo Petro. De acuerdo con ellos, el articulado que comprende el programa de gobierno hasta 2026, una de esas irregularidades tiene que ver con las facultades entregadas al jefe de Estado para determinar las tarifas correspondientes al costo del Soat.

Al respecto, Paloma Valencia, del Centro Democrático, aseguró que con esas capacidades otorgadas a Petro podría generarse hasta un desfinanciamiento del sistema, similar al que podría ocurrir con el de la salud y los poderes presidenciales planteados en esa reforma.

También emitió reparos sobre la nueva política antidrogas y aseveró que el PND podría generar graves afectaciones al medio ambiente. “Destruyen la transición energética subiéndole los impuestos a las energías alternativas y limpias del 1 al 6%, y acuérdense que el impuesto para el carbón está en el 4%. De manera que producir energías limpias va a ser más costoso que usar carbón”, manifestó la legisladora.

Valencia también expuso que otro de los ‘micos‘ es el artículo 88. Que ya fue aprobado en las comisiones económicas de Senado y Cámara, y que establece que los funcionarios públicos tendrán como obligación afiliarse a la ARL Positiva, compañía estatal manejada por el Ministerio de Hacienda. Sobre esto, dijo que ese hecho “rompe con la libre competencia y además desdibuja el marco jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado”, añadió.

En ese sentido, David Luna, de Cambio Radical, agregó que ese artículo viola la libertad de los ciudadanos a elegir la compañía aseguradora de riesgos laborales de su preferencia. “Claramente atenta contra el principio de la libre acción que contempla nuestra Constitución”, sostuvo el congresista de Cambio Radical.

Por otra parte, Valencia cuestionó las facultades que, según ella, “quieren definir a puerta cerrada” sobre las políticas antidrogas y de los derechos sexuales y reproductivos. También insistió en que el presidente tendrá poderes especiales para modificar los regímenes especiales de las entidades públicas financieras.

Sobre el PND, cuyo debate iniciará el martes 2 de mayo, también había emitido reparos el fiscal Francisco Barbosa. El funcionario había denunciado en marzo que el artículo 10, que está centrado en los compromisos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícito —Pnis—, establece que “la contratación de las actividades que se adelanten para la implementación de los modelos de sustitución de economías ilícitas y reconversión productiva de los cultivos de coca, marihuana o amapola, se fundamentarán en los instrumentos jurídicos que permiten la contratación entre las entidades estatales y comunidades”.

En ese sentido, advirtió que en realidad esas “comunidades” que señala el articulado son familias. Por ello, dedujo que el Estado, a través el PND, le entregará recursos “a quienes se dedican a la actividad industrial del narcotráfico” y que, bajo ese escenario, la discusión en el Congreso debe generar la derogación de ese artículo.

El fiscal general emitió un segundo reparo al PND, esta vez hallado en el artículo 82 —Mejoramiento para la participación en compras públicas—, el cual detalla que las instituciones públicas pueden contratar de manera directa a través de Asociaciones Público-Populares “con unidades de la economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y comunidades étnicas”.

Sobre esto, Barbosa Delgado aseveró que la aprobación de ese inciso podría generar que exista una contratación directa de hasta 116 millones de pesos, de no establecerse los mecanismos necesarios para su regulación.

Vale mencionar que el texto está compuesto por cinco grandes bloques –o pilares–: ordenamiento territorial alrededor del agua; el derecho humano a la alimentación; la transformación productiva; la convergencia regional y la política de seguridad humana.